La presunta cúpula del conocido como Clan Santórum, con Juan Carlos, su hermano Ricardo y sus colaboradores más cercanos a la cabeza, se ausentó de la primera sesión del macrojuicio que estaba prevista para ayer en la sede de Vigo de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Con la excusa de la incomparecencia de la letrada que les defiende, Carmen Ventoso, de baja laboral durante las siguientes semana, los acusados, que se exponen a penas elevadísimas de prisión por intentar introducir 4.000 kilos de cocaína en Galicia a través de las Rías Baixas en plena pandemia, no se presentaron en la sala. La presidenta del tribunal, Nélida Cid, de la Sección Cuarta de la capital de la provincia, advirtió de la obligación de comparecer y anunció que serán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que se asegurarán de que se presenten en el plenario si esto volviese a suceder.
En cuanto a la vista, se inició con la petición por parte del fiscal jefe, Pablo Varela de la suspensión del mismo ante la incomparecencia de los citados investigados, pues su presencia resulta clave en el desarrollo de la investigación. Se deslizó la posibilidad de comenzar y enjuiciarles por separado, pero esa idea fue rechazada por el Ministerio Público. Todas las defensas estuvieron de acuerdo.
Sí comparecieron los sospechosos que se hallan en prisión desde 2020, cuando se abordó el mercante Karar con la droga (toda la tripulación del barco). También se presentó Ismael C., que, según la Policía, que le volvió a detener hace escasas fechas por otro alijo, habría ascendido en el seno de la organización, y otros acusados como Braulio V., recientemente condenado en la Audiencia de Pontevedra por enviar cocaína a Barcelona en otro procedimiento, o el agente de aduanas, Pablo S., que se enfrenta a la mayor pena de las que se solicitan, más de 19 años de cárcel.
La resolución de la jueza implica el aplazamiento hasta el 16 de abril, dando margen a la letrada que está de baja para que se recupere. El inicio de la vista es importante, dado que en ese mismo mes de abril los acusados que están en prisión desde 2020 cumplen el máximo previsto en prisión preventiva, cuatro años, con arreglo al marco legal vigente en España.
