20 años de inhabilitación absoluta, lo que, de facto, constituye la expulsión del Servicio de Vigilancia Aduanera, y dos penas de cárcel que suman 19 años y medio entre rejas es la reclamación del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Pablo Varela, para Pablo S., integrante del SVA en Vilagarcía de Arousa acusado de formar parte de la
organización criminal presuntamente liderada por Juan Carlos Santórum. Su detención meses después de la caída del Karar y sus 3,8 toneladas de cocaína intercambiando dinero y droga con un ciudadano colombiano en Madrid y su relación a través de conversaciones y del sello de la propia droga, ‘ONG’, con la red del vilanovés, propiciaron no solo un
procesamiento como integrante de la citada organización criminal, sino también una investigación patrimonial paralela que desveló que llevaría años cobrando ‘sobresueldos’ que no se correspondían con su actividad laboral. Dinero negro, y mucho, procedente del narcotráfico.
Su caso es, sin embargo, solo la punta del iceberg de un escrito de un escrito de acusación pocas veces visto en Pontevedra (Galicia, España) con solicitudes de condena que suman 409 años de prisión para los 28 encausados (eran 29, pero uno de ellos falleció recientemente), acusados de conformar una de las mayores redes de narcotransportistas que estaban operativas en las Rías Baixas hasta el momento de su caída, en pleno confinamiento, con la interceptación del citado barco cuya cocaína iba a ser recogida por el Clan Santórum, detalla la acusación, a unas 80 millas de las costas pontevedresas.
Para el resto de procesados, el Ministerio Público también pide penas ejemplares. La pareja del citado agente del SVA es la peor parada (se le atribuyen, como a su compañero, narcotráfico y blanqueo), con otros 19 años y medio de prisión en el horizonte. El siguiente, en orden descendente, sería el presunto jefe del Clan, Juan Carlos Santórum, que, por tal condición, se expone a 18 años de cárcel. José Yamandú R.G., uno de sus colaboradores directos, se expone a 13 años y medio por narcotráfico y dos más por tenencia ilícita de armas. Los 24 restantes, incluyendo personas conocidas como Braulio V., recientemente condenado a nueve años por enviar cocaína a Barcelona, tienen ante sí solicitudes de trece años y medio de cárcel por delitos contra la Salud Pública.
La vista oral, prevista para inicios de 2024, servirá para dar por concluida una laboriosa investigación de la Policía Nacional que sirvió para decomisar la droga y para desarticular a toda la red criminal en tierra, circunstancia muy difícil en los tiempos que corren. El caso resultó especialmente mediático por haberse producido en plena pandemia, cuando los movimientos estaban completamente restringidos, pese a lo cual los sospechosos fueron cazados in fraganti mientras preparaban toda la infraestructura naval precisa para hacerse cargo del cargamento ilícito. El apoyo de la DEA de Estados Unidos resultó fundamental.
También resultó mediático por la fuga de Juan Carlos Santórum, que no pudo ser detenido en un primer momento y que acabó entregándose en Pontevedra después de haberlo anunciado en una entrevista en primicia con Víctor Méndez, fundador de Narcodiario, en páginas de Diario de Pontevedra.
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