Nunca ha dejado de consumirse, pero en 2023, la realidad es diferente. Quienes se iniciaron en el hachís en décadas anteriores continúan, en general, demandando la resina de cannabis que se produce en la montaña marroquí. A ellos se ha unido toda una generación (o más bien, generaciones) influida por un torrente de estímulos que afianzan la creencia de que los derivados de la marihuana no suponen daño a la salud.
El negocio clandestino de bienes ilícitos es muy lucrativo, y cada vez son más las personas que, en toda España en general y en Galicia en particular, quieren tomar su parte del pastel. Así, y aunque Marruecos esté relativamente lejos de Pontevedra en el mapa, los narcos de las Rías Baixas han ido asumiendo un papel central en las distintas fases del mercadeo del hachís, no en la producción, pero sí en el transporte, aportando tanto personal como la infraestructura precisa para cruzar el Estrecho con los fardos de arpillera repletos de pastillas de «chocolate».
La Guardia Civil, con el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga al frente, pero también con el ECO de la Unidad Central Operativa, la Policía Nacional, con la Sección Greco Galicia y las Udyco locales, y el Servicio de Vigilancia Aduanera llevaban años percibiendo que el escenario en las Rías Baixas estaba cambiando en relación con el hachís, hasta el punto de que en 2023 se combina con el histórico transporte de cocaína, muchas veces para sufragar los carísimos pactos con los colombianos. Ya antes de la pandemia se detectaron las primeras incursiones de gallegos en el Sur de España, primero a bordo de mercantes que transportaban fardos por la Ruta del Mediterráneo Oriental y después ya a lomos de las lanchas rápidas en el mismo Estrecho de Gibraltar.
En paralelo, las autoridades comenzaron a vigilar astilleros ubicados en distintos puntos de la provincia, básicamente en O Salnés, pero también en el Norte de Portugal. Sabían que se estaban construyendo narcolanchas en serie, la mayor parte de ellas de doce metros de eslora y con tres motores fueraborda. Sin embargo, decidieron esperar hasta la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2018 que consideraba la mera tenencia de estas embarcaciones género prohibido en España. Con esa norma en la mano, ya en 2022, las operaciones se sucedieron. Los gallegos estaban obteniendo 50.000 euros de beneficio por cada lancha que vendían para el tráfico de hachís, y vendían muchas.
En las operaciones Munari, Keruman-Samario y Endurance, las autoridades incautaron unas 100 embarcaciones. Los jueces, además, enviaron a prisión a decenas de personas por un delito de contrabando, tal y como contempla el marco legal vigente. Ocurrió en Pontevedra y en el Norte de Portugal, donde los gallegos pasaron a dominar los astilleros. En 2023 siguen allí, pues la ley del país vecino les ampara.
En paralelo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consiguieron acreditar la presencia de las propias redes gallegas operando en el Estrecho. Primero cayó Francisco Javier Otero Magdalena, involucrado en una dantesca escena en la que un narco fue arrollado accidentalmente en el marco de una persecución. Lograron atribuir a la red investigada 1.621 kilos de hachís.
Meses después, en la operación Arruda, el escenario fue Pontevedra. 27 detenidos relacionados con al menos dos descargas que suman 6.000 kilos. Lancheros, en su mayoría, de O Salnés. El epicentro fue A Illa de Arousa, pero el negocio estaba en el Estrecho. Se habían desplazado.
Por último, esta semana se tuvo constancia de la tercera vía de negocio: los transportes por tierra. Galicia está metida de lleno en el negocio del hachís.
