La matriarca de un clan de la droga sale del juicio bailando ante los guardias al conocer la sentencia

Tres años de cárcel que probablemente no acarrearán ingreso en prisión y 3.200 euros de multa cuyo pago se antoja al menos dudoso fueron el detonante para que María del Mar B., alias La Cachuela, abandonase este martes la sala de vistas de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra bailando, al grito de «Somos libres», «A comer y a beber», justo en las narices de los agentes de la Comandancia de la Guardia Civil que, tras una investigación muy laboriosa, habían conseguido detenerles en el mes de marzo de 2020.

La fiscal del caso consideró que la participación en los hechos (ventas continuadas de cocaína, heroína y hachís) solo estaba plenamente acreditada en el caso de cuatro de los siete investigados que se sentaban en el banquillo, por lo que retiró la acusación contra los tres restantes. Con efecto inmediato, la presidenta de la Sección Cuarta dictó sus absoluciones. En cuanto a los tres restantes, la representante del Ministerio Público tuvo en cuenta las atenuantes de dilaciones indebidas y de drogadicción para fijar penas bajas, de entre dos y tres años. Todo ello motivó el jolgorio de la matriarca, que salió del Pazo de Xustiza de la calle Rosalía de Castro más contenta que unas castañuelas.

Alias La Cachuela y otros dos integrantes del clan fueron condenados a tres años de prisión y al pago de una multa de 3.200 euros por un delito contra la Salud Pública, con la agravante de reincidencia y las atenuantes de dilaciones indebidas y de drogadicción.

Un cuarto miembro del clan familiar aceptó dos años de prisión como cómplice. A uno de ellos, eso sí, le fueron añadidos nueve meses más por un segundo delito, tenencia ilícita de armas. La Fiscalía solicitaba inicialmente penas que oscilaban entre los seis años y medio y los nueve años y medio de prisión para los miembros del segundo clan más activo en O Vao de Arriba hasta el momento en el que fue desmantelado.

Los agentes de la Guardia Civil, en un trabajo de vigilancias y seguimientos que se extendió durante varios meses, consiguieron efectuar diversas incautaciones a consumidores de sustancias estupefacientes que acababan de adquirir de manos de los investigados, lo que desembocó en una autorización judicial para efectuar una entrada y registro en algunas de las edificaciones existentes en el citado enclave del término municipal de Poio.

En el marco del mismo, los miembros del Instituto Armado incautaron distintas cantidades de cocaína, heroína y hachís listas para su venta a los consumidores finales. También detectaron la presencia de algunos drogodependientes administrándose las drogas en lugares habilitados para ello, una práctica habitual en los últimos tiempos para evitar que fuesen objeto de registro por parte de los agentes en el exterior del poblado.

En posesión de algunos de ellos, además, fueron encontradas numerosas armas con su munición. Sin embargo, y pese a las detenciones de aquel día, no todos los hechos quedaron acreditados.