El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizará con el máximo detalle a través de una inspección los motivos que llevaron a la Audiencia Provincial de Málaga a estimar el recurso presentado por la representación legal de Karim Bouyakhrichan, líder de la Mocro Mafia, que había sido detenido a finales de enero por el Cuerpo Nacional de Policía en una operación de gran repercusión a nivel internacional.
El presunto jefe de la organización criminal liderada por ciudadanos de origen marroquí y pasaporte holandés pagó 50.000 euros de fianza para salir en libertad provisional, medida aprobada por la citada Audiencia Provincial de Málaga. Precisamente sobre ese tribunal se levantan las incógnitas, pues fue esa decisión la que permitió la fuga de alguien que está considerado uno de los delincuentes más peligrosos del continente.
Tras 48 horas en las que el propio Gobierno de España, además de las autoridades holandesas, mostraron su extrañeza por la decisión, ahora es el Pleno del CGPJ el que pretende depurar responsabilidades, apuntando en primera instancia al tribunal malagueño y, en segunda, a la Audiencia Nacional y el juez Ismael Moreno, que, consciente de la solicitud de extradición en firme recibida por parte de Países Bajos, no habría tomado las medidas a tiempo para impedir una fuga que estaba cantada, dada la capacidad económica del investigado, y que todos vieron posible menos el tribunal que aceptó que saliese bajo fianza.
Las pesquisas policiales apuntan a que el ahora prófugo podría haber saltado el Estrecho, refugiándose en Marruecos. Ese paso sería letal para la Justicia española y europea, pues, como ocurre con El Messi del Hachís, que vive en el entorno de Tánger, dispondría de una suerte de protección por parte de las autoridades de su país de origen a pesar de estar entre los delicuentes más buscados de Europa.
