Operativos contra los laboratorios de cocaína en selvas colombianas

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En menos de 24 horas, el Ejército Nacional desarrolló dos operaciones en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana, en coordinación con la Policía Nacional, y de manera interinstitucional, con la Fiscalía General de la Nación, ubicando un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y tres centros de acopio que albergaban permanganato de potasio.

Uno de los laboratorios / Ejército de Colombia

Gracias a un trabajo exhaustivo por parte de inteligencia militar y policial, se logró establecer la ubicación exacta del laboratorio y los centros de acopio hasta donde se infiltraron las tropas de la División de Aviación Asalto Aéreo en apoyo a la Segunda y Tercera División. La primera operación fue desarrollada en la vereda Manta de Tilo, municipio de Teorama, Norte de Santander, junto a personal de la Policía Nacional que ubicó un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, el cual pertenecería al Grupo Armado Organizado residual, GAO-r, Estructura 33. Allí se encontraron 1.229 kilogramos de clorhidrato de cocaína en solución, 32 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 81 kilogramos de base de cocaína en solución, 625 kilogramos de insumos sólidos y 1.159 galones de insumos líquidos.

En una segunda operación, tropas del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales fueron desplegadas hasta la vereda San Francisco, municipio de El Tambo, en Nariño, y allí ubicaron tres depósitos ilegales en los que se almacenaban precursores químicos, como permanganato de potasio, más de 5.000 galones de insumos líquidos y 860 kilogramos de insumos sólidos, este material y equipos harían parte del GAO ELN, compañía de milicias ‘Jaime Toño Obando’.

Estos compuestos químicos son esenciales para la elaboración de clorhidrato de cocaína, por lo que con su destrucción se logró impedir la producción de aproximadamente cuatro toneladas del narcótico de manera mensual. En el lugar no se presentaron capturas y el material fue puesto a disposición de la autoridad competente para adelantar su respectivo proceso de judicialización.

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