Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, funcionarios de Vigilancia Aduanera de Agencia Tributaria y la Policía Judiciária de Portugal, han desarticulado la mayor red de narcotransportistas del Estrecho que estaba detrás de las últimas aprehensiones de 4.000 kilos de hachís y 627 kilos de cocaína. Esta operación -explotada de forma simultánea en España y Portugal, y coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de Jerez- ha finalizado con la detención de 19 personas más otras 12 que ya se encontraban en prisión y la práctica de 24 registros domiciliarios. Asimismo, ha permitido abortar hasta cuatro operaciones de la organización e incautar tres armas cortas, 1.400.000 euros en efectivo, 19 vehículos de alta gama, sistemas de comunicación, material informático y dos narcolanchas en el país luso más otras tres embarcaciones en España. En el operativo, en el que han participado 250 agentes, también se evitó la entrada de un narcosubmarino con 6.000 kilos de cocaína que acabó en el fondo del mar.
El centro de operaciones estaba ubicado en una lujosa urbanización de Lisboa, desde donde un histórico narcotraficante, Sergio A. M, dirigía y coordinaba todas las operaciones navales; también contaban con infraestructura y una amplia red de colaboradores en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, de donde eran originarios los cabecillas del entramado. La organización disponía de una media de entre ocho y diez embarcaciones EAV -Embarcaciones de Alta Velocidad-, conocidas como narcolanchas, que se encontraban en todo momento en el agua –con sus respectivas tripulaciones-, así como de una nutrida red de pequeñas embarcaciones que utilizaba para facilitar a las anteriores todo lo necesario, como víveres y gasolina.
La investigación se inició en mayo del pasado año cuando los agentes detectaron que la organización criminal trató de recoger un cargamento de 6.000 kilos de cocaína de un narcosubmarino proveniente de Sudamérica. Sin embargo, los problemas mecánicos que sufrió la embarcación durante la travesía provocaron su hundimiento, hecho que frustró la acción criminal. A partir de ese momento, las pesquisas policiales giraron en torno al funcionamiento de la estructura de la organización, acreditando que los líderes de la misma estaban asentados en las localidades gaditanas de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y El Cuervo.
Dado el gran potencial económico de la organización, sus miembros contaban con férreas medidas de seguridad y autoprotección. En este sentido, disponían de los más avanzados medios para transmitir la información tanto a nivel individual como en las comunicaciones navales.
Gracias a la estrecha colaboración de la Policía Judiciária de Portugal, los agentes localizaron el centro de operaciones del entramado, que estaba ubicado en una lujosa urbanización de los alrededores de Lisboa. Éste se encontraba dirigido por el histórico narcotraficante, huido de la justicia españolas. Además, estaba dotado de la más alta tecnología a nivel de comunicaciones, lo que les permitía un absoluto control de todas sus embarcaciones -para la carga, transporte y descarga del estupefaciente- así como una vigilancia total de los medios aéreos y marítimos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que operan en el Estrecho. De esta forma, cada vez que había una operación, los líderes de la organización viajaban desde España hasta allí para coordinar la infraestructura necesaria que permitiera llevarla a cabo, estableciendo a su vez contacto directo con los responsables de la mercancía estupefaciente.
El entramado contaba con una media de entre ocho y diez embarcaciones EAV que se encontraban en todo momento en el agua, con sus respectivas tripulaciones, para efectuar los distintos transportes de mercancía -sin importar de qué tipo fuera (hachís, cocaína)- de otras organizaciones nacionales o internacionales que demandaran sus servicios. Además, disponía de una nutrida red de pequeñas embarcaciones, incluso pesqueros, a través de las que facilitaban a las EAV gasolina, víveres o cualquier otro material necesario para el cumplimiento de los transportes.
