Son 31 los destinatarios de las órdenes de prisión preventiva ejecutadas esta mañana en Nápoles por agentes de la Policía Estatal y de la Policía Penitenciaria que, entre otras cuestiones, traficaban con armas, drogas y dispositivos de comunicación empleando drones que, en horario nocturno, accedían a la prisión.
La ejecución de la primera orden, dirigida contra 20 personas, se refiere a acusados de asociación mafiosa, tráfico de drogas, tenencia de armas de fuego comunes y acceso indebido a dispositivos aptos para la comunicación por parte de personas detenidas.
La actividad de investigación que generó la orden, fue iniciada en abril de 2021 tras el descubrimiento de algunos teléfonos móviles en el interior de la prisión de Secondigliano. Esta investigación convergió luego con otra llevada a cabo en paralelo por la Dirección Distrital Antimafia de Nápoles, a raíz de un tiroteo ocurrido el 9 de septiembre de 2021 en el interior de la prisión de Frosinone. El trabajo de los investigadores logró identificar al hombre que había introducido el arma en el centro penitenciario mediante un dron.
La continuación de las investigaciones ha arrojado toda la luz sobre la estructura criminal capaz de garantizar el suministro de teléfonos de todo tipo, así como de importantes cantidades de sustancias estupefacientes en diversos centros penitenciarios de la Península, incluidos los que acogen a presos clasificados como de máxima seguridad.
El hombre, y con él su estructura organizativa, era pagado por organizaciones de la Camorra para garantizar a sus reclusos un suministro constante de teléfonos y sustancias estupefacientes, asegurando el monopolio de la distribución organizada en las prisiones.
Las estructuras carcelarias implicadas son las de Frosinone, Nápoles Secondigliano, Cosenza, Siracusa, Lanciano, Augusta, Catania, Terni, Rovigo, Caltanissetta, Roma Rebibbia, Avellino, Trapani, Benevento, Melfi, Saluzzo, Viterbo y Sulmona. La investigación también permitió identificar a un hombre de 52 años capaz de modificar drones para que también pudieran volar sobre zonas militares, soportando mayor peso en vuelo.
Al mismo tiempo, los policías ejecutaron otra orden de prisión preventiva contra otras 11 personas, acusadas de asociación mafiosa, extorsión, tráfico de drogas, posesión de armas y uso de dispositivos de comunicación en prisión.
La actividad de investigación que dio lugar a la emisión de esta ordenanza tiene su origen en la intervención que los agentes de Nápoles llevaron a cabo el 20 de marzo del año pasado en via Caracciolo por el asesinato de Francesco Pio Maimone, alcanzado por error mediante disparos de dos grupos de jóvenes durante una discusión por razones triviales.
El pasado 12 de octubre ya se había ejecutado una orden que envió a prisión a 4 personas y 3 a arresto domiciliario, acusados de tenencia de armas de fuego y complicidad, agravado con métodos mafiosos. Habrían sido ellos quienes encubrieron al autor del asesinato evadiendo las investigaciones y ocultando el arma homicida. Investigaciones posteriores llevaron al descubrimiento de una disputa interna dentro de un clan de la Camorra, a la que se le pueden atribuir numerosos acontecimientos violentos.
Se incautaron armas de fuego y se documentaron intercambios armados entre ambos grupos, así como actos de intimidación con la explosión de bombas caseras. Finalmente, se grabaron diversas conversaciones desde el penal, dado que los afiliados detenidos pudieron comunicarse con el exterior, dándoles instrucciones de diversa índole a través de teléfonos inteligentes detenidos ilícitamente en el recinto penitenciario.
