La Audiencia Nacional ha dejado este lunes visto para sentencia el proceso judicial que afecta a varios miembros del Clan de Los Charlines, incluidos dos abogados, acusados de blanqueo de dinero procedente de la actividad de tráfico internacional de drogas a la que se dedicó durante varias décadas la citada familia de Galicia (España). “No han justificado que ni un solo céntimo de la familia tuviese un origen lícito”. Con esas palabras se resume el informe del fiscal Antidroga, Luis Uriarte, que modificó ligeramente sus conclusiones pero no por la prueba practicada, sino para atender a la atenuante de dilaciones indebidas y, al mismo tiempo, introducir agravantes por motivos de reincidencia.
Tras el juicio, el Ministerio Público resume que fueron detectadas inversiones de varios millones de euros, sociedades offshore, cuentas en Suiza e intereses en China, entre otros elementos, todo ello a través de pagos en efectivo. Destaca el fiscal, además de las prácticas señaladas, la “persistencia en el tiempo” de las mismas, durante al menos diez años, con la creación de “empresas pantalla” y la introducción de hombres de paja para evitar que los nombres de los investigados estuviesen detrás de los movimientos de dinero.
Uriarte destacó que el que tenía la última palabra en cada uno de los movimientos del dinero era el fallecido Manuel Charlín Gama, ya fallecido, que, desde prisión, “era consultado acerca del destino de determinados bienes”.
Respecto a las solicitudes de pena, que oscilaban de forma provisional entre los cinco y los seis años de prisión, el fiscal solicita que pasen a manos del Estado la totalidad de bienes que fueron citados en el juicio, como una depuradora de mariscos ubicada en A Illa de Arousa, varios inmuebles en Vilanova de Arousa, el equivalente monetario a las inversiones efectuadas en China y los fondos bloqueados, por ejemplo, en cuentas en Suiza.
