Desde septiembre de 2016, la UPA (Unidad Policial Adscrita) es la encargada de la protección de víctimas de violencia de género asignadas desde las comisarías de la Policía Nacional de Santiago de Compostela, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo. En 2022, 563 mujeres gallegas permanecieron bajo la protección directa de los agentes policiales especializados del cuerpo de la Comunidad Autónoma. El riesgo en relación con 240 víctimas se desactivó a lo largo del año, quedando plenamente activa la vigilancia sobre 270.
Por jefaturas, las que requirieron una mayor actividad en la materia fueron las de A Coruña, con 97 víctimas bajo protección activa, y Vigo, con 68, si bien hay que tener en cuenta que existen mujeres que tienen a más de un potencial agresor.
En el último año, y en virtud del acuerdo entre la Xunta de Galicia y el Ministerio del Interior, 91 agentes de la UPA estuvieron disponibles en las distintas jefaturas para trabajar en la protección de las víctimas de la violencia machista. Ese número de efectivos se incrementa en función de la cantidad de víctimas que precisen de protección, en un sistema coordinado con la Policía Nacional que contempla que los agentes de la Comunidad Autónoma tienen asignados entre el 15 y el 25 por ciento de los casos en las seis ciudades en las que existen jefaturas (las cuatro capitales de provincia, Vigo y Santiago de Compostela).
A lo largo de 2022, la Policía Autonómica se encargó de evaluar el riesgo de 2.429 víctimas de violencia de género. Para ello, los agentes efectuaron más de 6.000 entrevistas con víctimas y agresores al tiempo que valoraron sus respectivos entornos. Realizaron, además, más de un millar de acompañamientos a las víctimas en el proceso (a los juicios, a la comisaría o a su propio domicilio o el que en su día compartió con su agresor), y efectuaron 341 comunicaciones de diferentes hechos a los juzgados o a la Fiscalía. Practicaron, además, cuatro detenciones de forma flagrante.
La función de los policías es acudir a los domicilios ante cualquier denuncia, acompañar a las víctimas en todo el proceso posterior, informándolas de todos los apoyos de los que dispone, tales como asesoramiento legal, apoyo psicológico y económico o, si lo precisan, vivienda), así como la recogida de los datos sobre el agresor y la puesta en marcha de las medidas de seguridad y vigilancia precisas en función del nivel de riesgo.
Desde la Xunta, la lucha contra la violencia de género es una prioridad, trabajando desde todos los frentes por la igualdad de género, tanto en el ámbito educativo como fomentando la conciliación familia, apoyando a la mujeres y ofreciendo asesoramiento psicológico, jurídico y de formación, así como ayuda económica.
