Allan de Abreu, Eduardo Goulart y Vinicius Madureira / Piauí
Vaupés, también conocido como Uaupés, es un río de aguas oscuras y caudalosas que nace en Colombia, serpentea por el Amazonas y desemboca en el Río Negro, en territorio brasileño. A lo largo de sus orillas conviven 24 etnias indígenas, entre ellas los Karapanãs y los Makunas, con traficantes de cocaína, la mayoría de los cuales son disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La frontera con Brasil es parte de una lucrativa ruta internacional del narcotráfico. El esquema fue objeto de una investigación confidencial del gobierno de Estados Unidos y el Ejército de Colombia que detalló, por primera vez, cómo uno de estos grupos criminales trabaja para abastecer al PCC (Primer Comando de la Capital) de toneladas de cocaína por vía aérea y a través del Vaupés.
Piauí y UOL tuvieron acceso exclusivo a informes de inteligencia transmitidos al Ministerio Público de Colombia y obtenidos por el consorcio de periodismo de investigación OCCRP en el marco de la investigación #NarcoFiles, el nuevo orden criminal, de la que forma parte Narcodiario. Los documentos muestran el camino que sigue la cocaína que sale de Colombia, pasa por Manaos, el Caribe y termina en manos de consumidores en Europa.
La investigación comenzó en 2020, a partir de información transmitida al Ejército de Colombia y a la Policía Federal de Brasil por la Agencia Antidrogas (DEA), policía norteamericana especializada en la lucha contra el narcotráfico. Los estadounidenses llamaron la atención sobre un esquema de compra y venta de cocaína en la región conocida como “cabeza de perro”, en el extremo noroeste de Brasil, donde el país hace frontera con Colombia y Venezuela (el lugar recibió su apodo porque, en los mapas, su forma se asemeja a una perro con la boca abierta).
Según información preliminar proporcionada por los estadounidenses, quien sirvió de puente entre las disidencias de las FARC y los criminales del PCC fue un colombiano llamado Nelson Jaramillo Quiceño, mejor conocido como Calidad. A él le correspondía garantizar que los delincuentes colombianos, radicados en los departamentos de Guaviare y Vaupés, pudieran pasar lotes de cocaína a delincuentes brasileños, radicados en Manaos y São Gabriel da Cachoeira.
Nacido en San José del Guaviare, a 400 kilómetros de la capital Bogotá, Calidad formó parte de un grupo de paramilitares conocidos como “autodefensas del Yarí”, que operaron en el sur de Colombia a principios de la década de 2000. Eran milicias que luchaban contra la guerrilla de las FARC en la jungla. En 2003, Calidad fue investigado por su implicación en el asesinato de cuatro personas, entre ellas un adolescente, pero acabó absuelto por falta de pruebas. Seis años después, fue detenido in fraganti por el Ejército brasileño mientras transportaba cuatro toneladas de cemento a bordo de una embarcación en el río Vaupés, cerca de Iauaretê, una localidad amazónica cercana a la frontera con Colombia. La venta de cemento está controlada en Brasil, ya que el producto puede utilizarse para transformar las hojas de coca en pasta base. Por lo tanto, se requiere autorización del PF para exportarlo. Calidad no tenía los trámites y fue detenido por militares. Días después salió de prisión gracias a un hábeas corpus.
Por las toneladas de cemento, Calidad fue imputado por el Ministerio Público Federal por contrabando. El caso está tramitándose en los tribunales brasileños y aún no ha resultado en sentencia. En enero de 2015, el colombiano fue detenido nuevamente en flagrancia, esta vez por un delito contra el sistema tributario en el estado de Amazonas. El informe no obtuvo detalles del caso, que se tramita en secreto.
Desde entonces, Calidad vive en São Gabriel, donde posee una barbería y un restaurante, o en Yavaraté, un pueblo colombiano en la frontera con Brasil. Según los investigadores, se acercó al principal grupo de disidencias de las FARC. Tras el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla en 2016, las FARC se convirtieron en partido político, pero algunos de sus miembros optaron por permanecer en la selva, realizando secuestros y tráfico de drogas y armas.
Estas disidencias, denominadas “grupos armados organizados residuales” por el Ejército colombiano, están divididas en varios frentes, clasificados por números. El número 1, con el que Calidad trabó amistad, está integrado por alrededor de cuatrocientos hombres, quienes durante mucho tiempo estuvieron al mando de Miguel Botache Santillana, Gentil Duarte y Géner García Molina, conocido como Jhon 40.
Gentil Duarte fue asesinado en Venezuela en mayo de 2022. Su pareja, Jhon 40, es un reconocido criminal. Siguiendo la moda de los “corridos”, como se llama a las canciones populares que ensalzan a los narcotraficantes, Jhon grabó dos temas contando su propia historia. Se llaman Bandido gringo y Maldito gobierno. Esta historia fue contada en un reportaje de The New York Times que se centró en el género musical, ya bien establecido en Colombia y México.
El frente número 1 controla la producción y el tráfico de cocaína en los departamentos de Meta, Guaviare y Vaupés, territorio que abarca 6.700 hectáreas sembradas de hoja de coca, según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Según informes de inteligencia del Ejército colombiano, la cocaína producida por el grupo era transportada en embarcaciones a través de 520 kilómetros entre las ciudades de Miraflores y Mitú, en Colombia. Desde allí, la droga era enviada a Manaos mediante aviones de Aerovías Regional del Oriente (ARO), una empresa de taxi aéreo que cuenta con una flota de nueve aviones. Los militares sospechan que lotes más pequeños fueron llevados por embarcaciones que recorrían los ríos Vaupés y Negro hasta Manaos, escondidos en cargamentos de harina, carne o pescado.
En Manaos, según el Ejército colombiano, Calidad negoció la venta de cocaína con miembros del PCC, quienes, a su vez, enviaban la droga –posiblemente enviada en aviones– a República Dominicana y Puerto Rico. Desde allí, la cocaína era traficada hacia puertos europeos. Los documentos de inteligencia no dicen qué países recibieron la cocaína colombiana. Tampoco identifican a los miembros del PCC involucrados en esta logística criminal.
El río Solimões es el principal punto de entrada de la cocaína que llega a Brasil a través del Amazonas, según la Policía Federal. En los últimos años, esta ruta ha estado dominada por el Comando Vermelho, lo que obligó a la facción rival del PCC a buscar rutas alternativas, como Río Negro. Esta ruta trae algunas ventajas para los delincuentes, como la menor presencia policial (mientras en Solimões hay al menos cinco puestos de control de la policía Civil y Federal, en Negro sólo hay dos), la baja población de la región y el gran número de islas, con énfasis en el archipiélago de Anavilhanas, lo que dificulta el trabajo policial. Aun así, en poco más de un año, entre 2020 y 2021, se incautaron 3 toneladas de droga a lo largo del río, según registros de la PF.
Equipos del 30 Batallón de Infantería del Ejército de Colombia, con base en Mitú, interceptaron conversaciones en español de miembros no identificados del esquema. “Hay 22 paquetes pero no pude moverlos aquí. Es complicado”, dijo un interlocutor, el 17 de enero de 2021. Cuatro días después, nuevo diálogo sospechoso: “Ayer llegó la gente del sombrero y todo estaba listo, estos tipos piden más”. La última conversación transcrita por la inteligencia militar es del 24 de enero de ese año: “Se envió la comida, pero no enviaron el dinero”.
Paralelamente, el plan también fue investigado por las autoridades brasileñas. En julio de 2021, agentes de la Comisaría de Represión de Estupefacientes (DRE) de la PF de Manaos fueron enviados a São Gabriel para seguir a Calidad. El colombiano, sin embargo, se encontraba pasando un tiempo en el país vecino, y por eso la investigación no avanzó. El ejército colombiano, aparentemente, tuvo más éxito.
En septiembre de 2021, el ejército colombiano descubrió que Calidad transportaba combustible en una embarcación desde São Gabriel hasta Yavaraté. Según los investigadores, pretendía suministrar el generador de la aldea en Colombia y, al hacerlo, permitir la comunicación, vía WhatsApp, con exguerrilleros de las FARC y miembros del PCC. El Ejército colombiano también constató que algunos aviones de la empresa de taxi aéreo ARO despegaron del aeropuerto de Mitú sin transportar pasajeros ni carga. La sospecha es que estas aeronaves aterrizaron en pistas clandestinas a orillas del río Vaupés, donde eran cargadas de cocaína.
Meses después de las interceptaciones telefónicas, en agosto de 2021, Calidad se reunió con el gerente de ARO, Camilo Esteban Ávila Morales, y el entonces alcalde de Mitú, Carlos Enriques Peñagos Celis, socio de la misma empresa. Los investigadores afirman que el motivo de la reunión fue discutir un aporte de 130 millones de pesos -poco más de 30.000 euros- del grupo criminal en la campaña de Morales a diputado federal. Fue elegido en marzo de 2022.
Se agregaron otras pistas a la investigación. Un informante dijo a los militares que Morales y Celis, visiblemente borrachos en un bar, celebraban el envío de un cargamento de cocaína a Brasil. En la conversación habrían hablado del plan de comprar un nuevo avión con las ganancias del viaje. “A veces, en estado de embriaguez, [ Celis ] dice que envía muchos cargamentos de clorhidrato de cocaína a Manaos, Brasil, y que actualmente controla vuelos en sociedad con Camilo Esteban Ávila Morales”, señala un informe del 30 Batallón de Infantería del Ejército de Colombia.
Según los militares, Calidad, Morales y Celis habrían estado adquiriendo propiedades rurales en la región de Mitú a nombre de familiares, lo que generó sospechas de que estaban lavando dinero mediante transacciones de tierras. En noviembre de 2021, dicen los informes de la investigación, Calidad se reunió en Manaos con miembros del PCC para negociar nuevos envíos de cocaína. Tres meses después, el Ejército colombiano descubrió que el grupo trabajaba en conjunto para transportar 560 kg de cocaína desde Mitú hasta la frontera con Brasil, cruzando el Vaupés.
Ante esta evidencia, el Ministerio Público colombiano obtuvo, en enero de 2022, autorización judicial para monitorear uno de los teléfonos de Calidad. Sin embargo, el dispositivo ya no fue utilizado por la persona investigada, como descubrieron los fiscales un mes después. La investigación queda en manos del Ministerio Público. El informe solicitó en repetidas ocasiones información sobre el avance del caso, pero no hubo respuesta ni de los fiscales ni del Ejército colombiano. Como la investigación se lleva a cabo en secreto, no se sabe si los sospechosos han sido denunciados ante los tribunales o si se han producido nuevos descubrimientos en el caso. No existen acciones penales públicas contra Calidad, Morales y Celis por narcotráfico en los tribunales colombianos.
El informe tomó contacto vía WhatsApp con Calidad desde el 12 de octubre, pero no recibió respuesta al momento de escribirlo. No fue posible contactar con él por otros medios. El alcalde Celis y el diputado Morales fueron contactados por correo electrónico, pero tampoco respondieron a las preguntas, que fueron enviadas repetidamente. El espacio permanece abierto para posibles manifestaciones.
