Los financieros de la Comandancia Provincial de Varese y de Milán ejecutaron una orden de embargo emitida por el Juez de Instrucción del Tribunal de Busto Arsizio, a petición del Ministerio Público, al final de una investigación por un fraude mediante el esquema de ‘bono fachada del 90 por ciento’. En particular, la actividad de servicios se refería a los resultados de distintas actividades realizadas por la sociedad Gallarate y el grupo Legnano hacia sociedades atribuibles a un único administrador. Los investigados emitían facturas que superaban en ese 90 por ciento a las que realmente pagaban, con el consecuente engaño millonario a las arcas públicas.
A efectos de su determinación ilícita, los financistas procedieron al análisis de la documentación relativa a las obras de construcción implicadas, situadas en Gallarate, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Busto Arsizio y Parabiago, verificando la documentación adquirida en la sede de la empresa con de las declaraciones de los propietarios de los inmuebles y de los resultados de las cuentas corrientes obtenidos mediante los poderes de policía monetaria, examinando los reportes de operaciones sospechosas de la empresa y de su representante legal. Como resultado, se reveló un mecanismo ilícito mediante el cual el condominio o el propietario individual, sin saberlo, recibió la factura a pagar y escasa documentación en relación con la obra a realizar. Sin embargo, la misma empresa constructora procedió a generar un crédito fiscal enormemente mayor para el cliente, hasta aproximadamente un 300% de lo adeudado.
Para la porción de los créditos restantes, durante la actividad de investigación se activó el procedimiento, con informe a la Agencia Tributaria, con el fin de inutilizar como compensación los créditos preestablecidos. De estos créditos generados, se embargaron los relativos a dos obras de construcción aún disponibles para la empresa, por un importe equivalente a 812.000 euros. Del resto, considerando que fueron monetizados mediante transferencia a entidades de crédito, se embargó el dinero en poder de la sociedad y todos los bienes a disposición del representante legal de la siguiente manera: 640.000 euros que se encontraban en las cuentas corrientes de la sociedad y de su representante legal, 153.000 euros equivalentes al valor de un apartamento con garaje situado en Legnano (MI) en posesión del sospechoso, 127.000 euros como estimación del valor de 15 vehículos de motor antiguos y de lujo (incluidos Ducati, Honda, Vyrus, etc.) , 10.000 euros en relación con el valor de las acciones de la empresa en cuestión y del reloj Rolex Yachtmaster de oro de 18 quilates encontrado durante la búsqueda con un valor de mercado de aproximadamente 30.000 euros.
Con la gran cantidad de recursos financieros monetizados ilícitamente, la compañía actualmente tiene varios autos de lujo en uso, entre ellos: Lamborghini Huracan STO, Ferrari 812 Superfast, Ferrari 488, Ferrari FF, Ferrari F8 y un auto de pista llamado Radical, ambos utilizados por el representante legal para fines personales y para un incipiente negocio de alquiler a corto plazo.
La actividad llevada a cabo por los militares del Grupo Legnano, sin embargo, surgió a raíz de una auditoría fiscal realizada contra el mismo administrador, que también posee otra actividad que opera en el sector de la construcción y renovación de edificios, destinada a luchar contra el fraude en materia de cesión de créditos. En total, se embargaron 812.000 euros en créditos, 815.000 euros en efectivo, 3 inmuebles y garajes relacionados, 16 vehículos de motor y 20.000 euros en acciones de ambas empresas. La amplia actividad de inspección, destinada a verificar la existencia de las condiciones reglamentarias que dan derecho a “generar y comercializar” créditos fiscales derivados de intervenciones subvencionadas, ha permitido encontrar, también mediante intervenciones en las obras situadas en Parabiago, claras anomalías, cuestiones críticas y elementos de fraude en relación con las intervenciones controladas en los edificios. Por este motivo, estos créditos fiscales transferidos, por importe de más de un millón de euros, también fueron considerados “inexistentes” y, por tanto, se interpuso al Ministerio Fiscal competente por los delitos de captación indebida de caudales públicos y estafa agravada para la obtención de fondos públicos por parte de uno de los directores, así como la emisión de facturas por operaciones inexistentes por parte del segundo denunciado, también director de una de las empresas.
La actividad de servicios, realizada gracias a una estrecha sinergia entre los componentes territoriales del Cuerpo, demuestra el compromiso de la Guardia di Finanza en la prevención y lucha contra los delitos relacionados con los créditos fiscales derivados de intervenciones de construcción subvencionadas. De hecho, proteger el gasto público significa garantizar que los recursos pagados por los ciudadanos con sus impuestos se utilicen correctamente y regresen a los bolsillos de los ciudadanos a través de los servicios que se les garantizan. Cabe señalar que la responsabilidad de los sospechosos sólo se determinará definitivamente si se dicta una sentencia condenatoria irrevocable.
