Sergio Roberto de Carvalho, es conocido en Brasil como el ‘Major Carvalho’ por su pasado en la Policía Militar; en Portugal como ‘El Escobar brasileño’, por su capacidad para traficar con cocaína a gran escala, y en España como ‘Paul Wouter’ por el pasaporte surinamés con el que consiguió, en un primer momento, engañar a la Justicia. Con varias décadas de trayectoria criminal a sus espaldas hasta conseguir entretejer una organización multinacional capaz de inundar, literalmente, Europa de cocaína, era el capo más buscado del continente hasta su detención, el 21 de junio, en la terraza de un establecimiento de hostelería de Budapest.
Su brutal músculo financiero, con empresas en Tailandia o en Dubái -solo hay que recordar que dejó 12 millones de
euros en efectivo en una maleta en su última fuga- le sirvió para comprar no solo identidades (en Hungría manejaba un pasaporte mexicano a nombre de Guillermo Flores) sino también voluntades, autoridades incluidas. En noviembre de 2022, cuando llega más de cuatro meses a la espera de una decisión sobre su futuro, las incógnitas parecen despejarse: ‘Paul Wouter’ será juzgado en Pontevedra (Galicia, España).
La situación actual en relación con su futuro se aclara con el paso de las semanas. Si en un primer momento parecía que su futuro estaba en Brasil, que le reclama por enviar ¡50 toneladas de cocaína! hacia Europa en apenas dos años -operación Enterprise-, ahora mismo tiene todas las papeletas para ser juzgado en España. El ‘Mayor Carvalho’ jugó al principio con una ventaja con respecto a la Brigada Central de Estupefacientes: la Audiencia de Pontevedra dio por buenos los papeles presentados por su representación legal que acreditaban su fallecimiento. Eso hizo que el juicio por el alijo de 1,7 toneladas de cocaína que se dirigían a las Rías Baixas gallegas en el buque Titán III se celebrase sin la presencia del dueño de la droga, que había pagado a varias personas, ahora investigadas por la vía Penal en Marbella (Andalucía, Costa del Sol), para dar carpetazo a su responsabilidad por la vía de la exención por muerte.
En un auto dictado en el mes de octubre, la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella (lugar de residencia del capo en España y donde fue detenido por la Policía en su momento) ordena la apertura de diligencias contra ‘Wouter’, el médico que firmó su defunción y los empleados de la funeraria que ejecutaron los trabajos tendentes a una incineración que tal vez se llevó a cabo, pero con otro cuerpo que no era el del capo.
En paralelo, el fiscal Antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, ha puesto en marcha la maquinaria judicial para que Sergio Roberto de Carvalho sea juzgado en Pontevedra por la causa del Titán III. El brasileño fue detenido en 2018 tras la investigación de Greco Galicia, al lado de conocidísimos narcos de las Rías Baixas -y otros no tan conocidos-. Meses después fue puesto en libertad tras el pago de una fianza en una maniobra que sorprendió mucho. Fue entonces cuando preparó su ‘muerte’ antes de abandonar España pensando que no podrían seguirle el rastro. Poseedor de aviones privados, Interpol le siguió el rastro en Portugal, los servicios secretos franceses le centraron en Ucrania, donde volvió a escaparse, y durante el juicio celebrado contra sus socios en Pontevedra se le ubicó en Centroamérica. Algunas fuentes apuntan a que incluso pudo regresar a España en algún momento, pero lo único cierto es que con la intervención de la DEA norteamericana pudo ser localizado y detenido a orillas del Danubio.
El fiscal Varela lleva semanas en contacto con la red Eurojust, canal de cooperación internacional a nivel europeo en materia de Justicia y que será la clave para su llegada a Pontevedra para ser juzgado. Su presencia en un país de la Unión Europea hace que la petición de España sea vista con buenos ojos. A ello hay que añadir un factor más cuya influencia es más discutible, pero muy real: el ‘Mayor Carvalho’, por medio de sus abogados, ha solicitado su extradición a España. El motivo es muy sencillo: su país, Brasil, se ha convertido de un tiempo a esta parte en una de las mayores lanzaderas de cocaína del mundo, solo comparable a Ecuador, con su puerto de Guayaquil, y a Colombia. Ello ha hecho que las redes del crimen organizado sean fortísimas. Entre ellas destaca el Primeiro Comando da Capital (PCC), cuyos responsables sitúan a alias ‘Paul Wouter’ como su gran rival en el negocio. La conclusión es sencilla: aunque la Policía Federal de Brasil trabaje para protegerle, las cárceles brasileñas se convertirían en una trampa mortal para el capo. En contraposición a ello, el sistema judicial español. Una condena por la vía de la conformidad podría zanjar su responsabilidad por el caso del Titán en nueve años de cárcel a los que se restarían el tiempo que ya ha pasado entre rejas. En ese tiempo, en la seguridad de Europa, pondría a trabajar a sus muy bien pagados abogados para ir resolviendo otras cuentas pendientes sin tener que regresar a su país de origen.
La historia de Carvalho comienza en el seno de la Policía Militar en Mato Grosso do Sul, una zona de Brasil muy próxima a las fronteras con Paraguay y Bolivia y centro neurálgico de actividades ilícitas en la región. Pronto comenzó con el tráfico de cocaína en pequeñas cantidades, según cuenta el periodista brasileño Allan de Abreu en el documental Narcogallegos (Movistar Plus+), al tiempo que operaba en otros negocios ilícitos, tales como las máquinas tragaperras. Con el paso del tiempo y tras comparecencias judiciales, fue creando su propia organización. «Su capacidad de maniobra es espantosa», señala el investigador, que le conoce como pocos. En su última etapa le atribuyen la capacidad para enviar toneladas de cocaína de Brasil hacia Europa tanto en contenedores marítimos como en embarcaciones en alianza con los gallegos.
‘Paul Wouter’ será trasladado a Pontevedra para ser juzgado en solitario por la causa del Titán III. Entre tanto se produce la extradición, la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella ya ha fijado fecha para su comparecencia por el asunto de la falsa muerte. En su auto indica que tendrá que presentarse en los tribunales de la villa malagueña el 13 de febrero de 2023 a las 11.00 horas, para lo que pide a la Policía su localización para practicar la diligencia.
