El juicio por la operación Mito, el mayor golpe contra el tráfico de cocaína de los últimos años en España, encara este lunes su recta final. Tras la práctica de toda la prueba y la declaración, en último lugar, de los acusados –muy pocos contestaron al Ministerio Público–, el fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, que contemplan una petición de 31 años de prisión para el presunto cabecilla de la organización, José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco.
Con la salvedad de retirar la acusación contra los investigados fallecidos, el fiscal sostiene los cargos contra los restantes, 45 individuos, todo el núcleo duro del capo de Cambados y distintos colaboradores.
Entre estos últimos destaca Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, que se enfrenta a nueve años y nueve meses de cárcel por intentar recuperar 900.000 euros atribuidos a la red del narco gallego. El letrado, acusado de los supuestos delitos de blanqueo de dinero de Miñanco y falsificación de documento oficial, negó este lunes los hechos.
Con anterioridad, compareció una batería de acusados que apostaron por la línea argumental de Boye, diciendo que el dinero incautado en Barajas, 900.000 euros, eran de González Rubio, el investigado que saltó a la fama por abrir fuego contra los GEO el día de la operación, y no de Miñanco como declaró la semana pasada Puentes Saavedra, otro de los colombianos procesados. También acusaron al citado Saavedra de mentir y de amenazarles de muerte si testificaban contra él, así como de tener un acuerdo con la Policía en este asunto.

La vista oral continuará este martes con las conclusiones de las defensas, que ya han anunciado que pedirán absolución por distintas presuntas nulidades que han apreciado en el proceso.