Red Investigativa transfronteriza / Narcodiario
En diciembre de 2023, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera, merced a la pericia de un agente de los Greco, unidad adscrita a la Brigada Central de Estupefacientes con base en Pontevedra, puso fin a una ruta de la cocaína que, según sospechan los investigadores, llevaba tiempo sirviendo grandes alijos a la Mafia Albanesa en el interior de pescado congelado procedente de Ecuador. Las autoridades intervinieron 7.500 kilos de droga ocultos dentro de lomos de atún congelado, una técnica que elude los escaneos por rayos X y que solo puede ser descubierta si se retira el género, como ocurrió en aquel momento. Pasó los controles en Algeciras y en Vigo, pero acabó siendo revelada en Cambre (A Coruña), en las instalaciones de la empresa receptora del cargamento ilegal.
Meses más tarde, este periódico contaba en exclusiva en España la detención en Sudamérica de varias personas presuntamente relacionadas con el envío de un cargamento que sigue siendo el mayor jamás incautado en la historia de Galicia de una sola tacada. Entre ellos había un objetivo de alto valor conocido como Carlitos. También estaban el exjefe de la Policía Judicial de Guayaquil y un capitán de la Armada, así como varios individuos más que fueron objeto de una minuciosa investigación. Así es como se supo que este grupo de ecuatorianos son la pieza clave para entender la forma en la que la explotación de oro se ha convertido en el mejor negocio para el lavado de dinero procedente del narcotráfico.
Los involucrados están relacionados a la compañía Goldenminerals, que tiene un contrato de operación con la minera Cerro Azul. Todo ello se conoció a través de una investigación de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico, socio de Narcodiario, y el medio ecuatoriano Código Vidrio. Como telón de fondo, los cambios geopolíticos mundiales que han desequilibrado la balanza: si hace una década, el precio del oro era, en muchos lugares, equivalente al de la cocaína, actualmente el metal precioso cuesta, de media, tres veces más que el polvo blanco sudamericano.
Los estrechos nexos del narcotráfico y la minería ilegal de oro quedaron expuestos en diciembre del 2024, con las citadas detenciones en Ecuador de las personas que enviaban la cocaína hacia España. Ahora, una serie de documentos oficiales y financieros analizados para esta investigación revelan cómo este grupo de personas fundaron y administraron una firma minera dedicada a la explotación de oro con el fin de lavar su dinero procedente del tráfico de drogas.
Las autoridades sostienen que esta red acusada de organización criminal, integrada por empresarios, policías en segunda actividad y un militar en servicio activo, utilizó compañías mineras legalmente constituidas, dedicadas a la explotación y comercialización de oro, para lavar el dinero proveniente del negocio de la cocaína. La información oficial y financiera recabada en este reportaje, así como la investigación fiscal, apuntan a Goldenminerals S.A.
Los agentes de la policía española y oficiales de inteligencia antidrogas de Ecuador señalan que, en este caso, los principales financistas del tráfico de cocaína hacia Europa son grupos vinculados a la Mafia Albanesa que cuentan con el apoyo logístico de la organización criminal Los Lobos y otras bandas pequeñas en Sudamérica y, supuestamente, con la colaboración, directa o indirecta, de Bautista S. y personas vinculadas a él, encargados de dar cobertura a las entradas de droga en Galicia.
Según la investigación fiscal, a la cabeza de la organización estaba Carlos Eduardo Zambrano Montesdeoca (alias Carlitos), empresario inmobiliario con antecedentes en tráfico de drogas; y la persona encargada de las operaciones logísticas, era su esposa, María Auxiliadora Montesdeoca García. En 2023, Carlos Zambrano fundó la compañía Inmoalta Inmobiliaria, en Guayaquil; además de las empresas Inversiones Monar, en 1998, y Latexcol, en 2004. La Policía también identifica como socios de Zambrano al coronel de la Policía, Julio César Miño del Hierro (exjefe de la Policía Judicial de Guayaquil); a Galo Manuel Litardo García, capitán de Corbeta en servicio activo de la Marina; a Geovanny Javier Cruz Morales, Laureano Leonel Alvear Rosero, José Luis Bersoza Cóndolo (alías Pollos) y Édison Andrés Espín Vallejo. Según las autoridades, estos últimos eran los encargados de las transacciones financieras y de las operaciones de lavado para la extracción de oro, entre otras actividades.
La información judicial señala que entre 2020 y 2024 estas personas tuvieron gigantes ingresos económicos que no pudieron justificar a nivel contable, lo que encaja con las sospechas de la Policía española, que sitúan a Mare Azzurro, la empresa gallega de Bautista S., como posible tapadera de entradas de cocaína desde años atrás, si bien no pudieron echarle el guante hasta el citado alijo de diciembre del 23.
Un alto oficial de la Policía explicó que Carlos Zambrano se encargaba de la coordinación y reclutamiento de operadores claves, de alto perfil, en la Justicia, la Policía y en las Fuerzas Armadas. Según las mismas investigaciones, fue él quien contactó al coronel Julio César Miño y al capitán de Corbeta de la Marina, Galo Litardo; y él era también quien definía dónde se debía invertir el dinero. Uno de estos negocios fue la minería de oro. Una de las claves de este negocio radica en el precio que alcanza en 2025 el kilo de ese metal precioso, próximo a los 90.000 euros, superando con creces al que se paga hoy por hoy por la cocaína.
Las pesquisas señalan que el coronel Miño obtenía información en la Policía con el fin de que sus socios evitaran los controles en los puertos, mientras que el oficial de la Marina accedía a datos sobre los patrullajes en los puntos costeros.
Cuando estaba en activo, Miño integró unidades de inteligencia antidrogas y de crimen organizado, en 2006 y 2008. Luego fue comandante en la ciudad portuaria de Manta, un territorio de elevada actividad asociada al narcotráfico. Fue en este último lugar, donde, según un oficial entrevistado, empezó a ser contactado por grupos criminales.
Desde diciembre del 2024, este equipo periodístico accedió a información fiscal y financiera que le ha permitido identificar la conexión que existe entre el grupo de personajes investigados y su red de empresas, sus accionistas y su relación con la explotación minera de oro. Cuatro de los detenidos son accionistas o administradores de Goldenminerals, una compañía minera constituida en 2018 en la ciudad de Machala, donde se encuentra el segundo puerto más importante de Ecuador. De esa zona salió otro de los mayores alijos de cocaína jamás detectados en España, 9.500 kilos, intervenidos por la propia Brigada Central de Estupefacientes en Algeciras en la misma época que el de Galicia. Las personas que aparecen como accionistas y administradores de la empresa son Geovanny Cruz Morales, Laureano Alvear, José Luis Bersoza y Edison Espín.
Según el portal de la Superintendencia de Bancos, la empresa está activa y hasta el 2022 era administrada por Melida Biteri y Alisson Bastidas. Ese año fue adquirida por Cruz Morales, quien también es dueño de las compañías Golden Security Import, Cruzautocenter, Importadora Morales y Perfectly Models. En esas y otras compañías también aparecen como socios y administradores Espín, Alvear y Bersoza, quien además es dueño de Avícola Rioblanco, dedicada a la crianza y reproducción de ganado. Esta avícola reporta activos por 327.000 dólares y, según la investigación fiscal, también era usada para lavar dinero.
Pero gran parte de las sospechas se enfocan en el papel que tuvo Goldenminerals. En su último informe económico de 2023, la empresa reportó activos por 209.000 dólares. La compañía no tiene ninguna concesión minera, pero sí posee un contrato de operación con la empresa Cerro Azul, también llamada Miderzul, que tiene la concesión La Boya, ubicada en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Es decir, Goldenminerals extraía oro de la concesión de Cerro Azul, y a cambio, como parte del contrato, pagaba un porcentaje del material explotado. Esta modalidad de explotación del mineral “es ideal para el lavado de dinero”, advierte un oficial de Inteligencia que investiga las conexiones criminales de la minería, porque según él “no son acciones reguladas o debidamente controladas”.
Desde hace tres años el cantón Ponce Enríquez es el centro de la minería ilegal en Ecuador. Aquí operan Los Lobos y otros grupos delictivos, como el Tren de Aragua. Estas organizaciones son, a su vez, parte de estructuras criminales más grandes que controlan toda la cadena de producción del oro, desde la explotación del mineral hasta su procesamiento y fundición en las plantas de beneficio ubicadas principalmente en Ponce Enríquez y Portovelo. Y de ahí, una vez convertidas en lingotes, son exportados vía aérea o marítima. Los reportes de Inteligencia señalan que el ensamblaje de cómo operaba Goldenminerals habría sido montado por decenas de operadores desde 2019, con la complicidad de autoridades de las agencias de control y del Ministerio de Energía y Minas.
Un alto funcionario del gobierno que investiga el caso señala que esta presunta estructura tenía el apoyo de funcionarios locales que elaboraron normas y reglamentos para facilitar este tipo de inversiones con dinero del narcotráfico y luego facilitar la comercialización del oro como si provendría de la pequeña minería. En la cúspide de esta pirámide estarían grandes cárteles y en el escalón más bajo algunos clanes familiares locales.
