Nueve meses después de su inicio, la macrocausa por el alijo de 3.800 kilos de cocaína intervenidos en dirección a Galicia a bordo del buque MV Karar en pleno confinamiento por la covid-19 dio este miércoles sus penúltimos coletazos. Lo hizo con la presentación de las conclusiones definitivas de las partes, sin sorpresas: el fiscal mantuvo las penas de prisión que pedía inicialmente para los principales investigados (el Clan Santórum) y rebajó las solicitudes para todos los tripulantes del barco, tanto los asiáticos como el único gallego. Así, en su texto definitivo exige 18 años de cárcel para Juan Carlos Santórum como presunto jefe de la organización, 13 años y medio para el grueso de sus presuntos colaboradores y dos penas que suman 19 para Pablo S., agente de Vigilancia Aduanera de Vilagarcía que supuestamente colaboraba activamente con el narco, al que se atribuye tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Las defensas del gallego Santórum y de su núcleo duro pidieron la absolución, mientras que las de las personas que obtuvieron ‘rebajas’ por parte de la acusación pública solicitaron al tribunal, compuesto por magistradas de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, una reducción aún mayor. Pablo Varela, fiscal jefe, fijó su solicitud en siete años y medio de cárcel, el máximo que les podrá ser impuesto ahora, pero ellos reclaman seis y medio.
El fiscal, el único en emitir su informe definitivo en la sesión de este miércoles, profundizó en las pruebas “cristalinas”, según dijo, que se aportaron en la causa, tanto en vía documental como testifical en el propio juicio oral, y recordó que la investigación comenzó en 2019 a raíz de las informaciones que apuntaban a las relaciones de Fidel F. con Juan Carlos Santórum por negocios relacionados con la construcción de embarcaciones que el primero aportaría para las actividades ilícitas del segundo.
Varela expuso todos los pasos que fueron dando los acusados hasta la intervención del alijo e incluso tiempo después, cuando fueron detenidos René R., colombiano, y el citado agente de Aduanas, realizando una transacción de cocaína en Madrid. Detalló todos los actos preparativos por parte del citado Clan Santórum que, en esencia, estaban centrados en la preparación de la infraestructura precisa para recibir el cargamento de droga a través de lanchas rápidas. Destacaron identificaciones en pleno confinamiento de la covid-19 sin justificación alguna (el barco estaba a punto de llegar) y conversaciones intervenidas por la Policía Nacional, que, a través de los Greco Galicia de la Udyco Central y de la Sección Cuarta de la Brigada Central de Estupefacientes, consiguieron identificar todos los pasos del grupo investigado para relacionarlo con el cargamento. Tales conversaciones resultan muy esclarecedoras y relacionan indiciariamente a los acusados con la mercancía que finalmente fue intervenida.
El jefe del Ministerio Público también recordó las menciones y preguntas dirigidas a cuestionar la acción de los investigadores, presuponiendo que fue “ilícita” e insinuando “algunas actuaciones confabuladas para ocultar algo ilícito”. Al respecto, reconoció que “probablemente y tristemente” la organización de Santórum contaría con colaboradores en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero ha remarcado que “el fiscal, siempre que pueda, sentará en el banquillo a cualquier responsable, si hay indicios”, como hizo con Pablo S.V.
Por su parte, la abogada del Estado centró su intervención en apuntalar las pruebas contra el exfuncionario de Aduanas y su mujer, y defendió la validez de la investigación interna a la que fue sometido debido a su alto tren de vida, incluso antes de estar investigado por la droga del Karar.
La vista oral debería finalizar a lo largo de la jornada de este jueves, con una doble sesión prevista de mañana y tarde en la que las defensas expondrán sus informes definitivos antes del turno de última palabra que, por lo visto durante el plenario, será aprovechado por algunos de los procesados.
