Pocas veces hasta ahora se había podido trazar el movimiento del dinero en efectivo que reportan los grandes alijos de cocaína que entran en Europa, en este caso a través de Galicia. El mayor cargamento de la historia de la Comunidad Autónoma, los 7.500 kilos intervenidos en Cambre que entraron por el Puerto de Vigo en diciembre de 2023, desembocó en muy relevantes detenciones en diciembre de 2024 en Ecuador y en la apertura de una investigación oficial y también periodística cuyos detalles ofrecía este domingo este periódico. La Red Investigativa Transfronteriza de Ojo Público, medio especializado en seguir el rastro del crimen en América Latina y socio de Narcodiario, está detrás de un trabajo que explica un modus operandi que afecta a varios continentes, pues el dinero se mueve entre Sudamérica, España, China y hasta Dubái, con las facilidades que supone tener el centro de operaciones en un país con severos problemas de corrupción como es Ecuador. Y desde allí, como se sabe, llegan la mayor parte de los alijos de cocaína a España.
En el primer capítulo de la presente investigación, este domingo se explicaban las relaciones entre la cocaína de Cambre, un capo de la droga de Ecuador y distintas autoridades del país sudamericano, todas ellas detenidas, relacionadas con empresarios y accionistas de una firma de extracción de oro llamada Goldenminerals. Este lunes presentamos el esquema empleado para lavar colosales sumas de dinero procedentes de la cocaína.
El dueño de la firma minera Miderzul –la que permitía operar en sus instalaciones a Goldenminerals– es Juan Pogo Labanda, que recibió el título de la concesión La Boya -así se llama el punto de extracción del metal precioso- en 2021, según informes del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador. Como contratante, Miderzul debía encargarse de que Goldenminerals cumpliera lo establecido en el acuerdo para la explotación de mineral aurífero, pero no lo hizo. Los operadores no son controlados por ninguna autoridad gubernamental.
OjoPúblico y Código Vidrio, socio del anterior en esta investigación, accedieron al contrato entre Cerro Azul y Goldenminerals, firmado en 2018, y que tiene una duración de diez años. El documento establece que la contratista deberá entregarle el 7% de la producción de oro, “que se liquidará en el proceso de recuperación mineral en la planta de beneficio de su elección”. Su obligación era explotar el yacimiento e impedir actividades de minería ilegal.
El mismo contrato señala que el titular de la concesión (Cerro Azul-Miderzul) puede dar por terminado el mismo si es que el contratista (Goldenminerals, la firma administrada por los detenidos tras el alijo de cocaína de Galicia) no realiza operaciones de explotación por más de tres meses. Goldenminerals reportaba muy pocas veces la producción de oro. Por este motivo, expertos consultados y fuentes de la Agencia de Regulación y Control Minero presumen que el área de la concesión era usada para actividades extractivas ilegales que en la mayoría de los casos no eran reportadas, con el fin de evadir el pago de impuestos.
Un grupo de informes y auditorías oficiales señalan que Goldenminerals no tiene licencia ambiental desde 2017, y que tampoco presentó planes de desarrollo, ni de exploración geológica. A pesar de que no cumplió con estos procedimientos, las autoridades locales nunca fiscalizaron la operación. Miderzul debió alertar que Goldenminerals no registró operaciones mineras formales entre enero y diciembre de 2022, pero no lo hizo, señala un informe técnico de la Agencia de Regulación y Control Minero.
El año que Goldenminerals sí reportó la explotación de 1.004 toneladas de oro fue en 2023, coincidiendo con el de la caída del contenedor con 7.500 kilos de cocaína en Galicia. Sin embargo, no especificó cómo lo hizo, con cuántos trabajadores opera o qué pasó con el material explotado, si fue procesado para convertirlo en barras de oro o si se comercializó como concentrado de oro.
De acuerdo a información oficial a la que OjoPúblico y Código Vidrio accedieron, la minera Cerro Azul (Miderzul), socia de Goldenminerals, exportó entre 2023 y 2024 827 toneladas de concentrado de oro a China. Por estos envíos la empresa recibió 2,5 millones de dólares, pero en ninguno de sus informes de producción indican la procedencia del oro. Según estos mismos reportes, el concentrado del mineral provino de la concesión La Boya (donde opera Goldenminerals) y fue triturado en plantas de beneficio de la zona de Camilo Ponce.
En Ecuador están inscritas 1.652 concesiones mineras y 557 contratos de operación. Además hay 213 plantas de beneficio y 370 licencias de comercialización de minerales. Los grupos dedicados a la minería ilegal vinculadas a organizaciones del narcotráfico han utilizado desde hace más de una década estas modalidades contractuales de operación. “Han recibido títulos y permisos que luego negocian con operadores delictivos, en medio del descontrol estatal y los focos de corrupción que permean todo el sistema”, sostiene un oficial del Ejército, que investiga esta dinámica en las provincias de Azuay y El Oro, en la frontera con Perú.
Julia Yansura, directora del Programa de Delitos contra el Ambiente y Financiación Ilícita, de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT), destaca que el caso ecuatoriano no es una excepción. “Existe una relación estrecha en toda la región andina entre narcotráfico y minería ilegal. El oro se volvió ideal para el lavado del dinero que obtienen por la venta de cocaína”, señala.
Una de las modalidades más usadas en Ecuador para blanquear el dinero, además de invertir el dinero sucio en la extracción del oro, tiene que ver con las exportaciones ficticias de minerales auríferos. En los papeles se finge que una empresa va a exportar una cantidad determinada de oro, pero luego, cuando se inspeccionan los contenedores, están vacíos. Oficiales de inteligencia y también las autoridades del sector minero reconocen que los narcotraficantes declaran importantes envíos de oro –que en la mayoría de casos no son verificados– con el fin de justificar millonarios pagos que ingresan al sistema financiero sin ninguna dificultad. “Así la riqueza de estas organizaciones está más protegida, como reservas en bancos de diferentes jurisdicciones”, indica Yansura.
Por su parte, José Julio Neira, presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim) y director de la la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador, señala que el Gobierno está realizando una auditoría a los 1.652 titulares de derechos mineros del país con el fin de verificar si cuentan con permisos vigentes. También están fiscalizando a todas las personas naturales y jurídicas que tienen licencias de comercialización, contratos de operación y plantas de beneficio.
María Laura Patiño, consultora financiera y experta en lavado de activos, recalca que a través de estas concesiones y contratos de operación también se genera opacidad sobre quién es el beneficiario final. “En muchos casos, el dueño de la concesión se puede convertir en un testaferro que juega a favor de las actividades ilegales de los operadores”, apunta.
En este momento hay 78 empresas mineras suspendidas y con acciones administrativas sancionatorias, debido a sus inusuales exportaciones de oro. Los estimados oficiales señalan que en Ecuador más de 1.300 millones de dólares de las exportaciones de oro provienen de la minería ilegal.
