La reanudación del juicio oral de la operación Mito, que sienta en el banquillo a José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco y a otras 46 personas que integraban, presuntamente, la mayor red de narcotráfico de Europa en el momento de su desarticulación, giró alrededor de una práctica tan extendida en España (ya no solo en el marco del crimen organizado, sino en múltiples actividades) como difícil de perseguir y de acreditar.
La inversión de la carga de la prueba aprobada en su momento no se está ejecutando como pareció en un principio (lo que llevaría a los sospechosos a tener que acreditar la procedencia de sus bienes, y no al revés), lo que hace que los investigadores tengan que desarrollar un trabajo exhaustivo para demostrar tales prácticas ante un tribunal. Así, y en la sesión de este lunes en la Audiencia Nacional, una policía nacional confrontó su investigación con la pléyade de letrados que hicieron su trabajo con preguntas que, en algún caso, solo tenían por objeto poner nerviosa a la testigo. No lo consiguieron.
El hilo conductor de la sesión fueron los 889.620 euros intervenidos a varias personas, consideradas policialmente como meras ‘mulas económicas’ (individuos contratados para transportar efectivo de un lugar a otro por parte de un grupo criminal) en febrero de 2017 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La inspectora, que por aquel entonces se integraba en la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, comenzó respondiendo al letrado de Prado Bugallo, que llegó a preguntarle acerca de si había visto algún acto de blanqueo efectuado directamente por su cliente, algo impensable: nadie lava su dinero personalmente, ni siquiera a través de un simple intermediario, sino mediante terceros y empresas interpuestas, como, según la Policía, es el caso.
“Por poner un ejemplo, en cuanto a los contratos privados de compraventa que se hicieron para justificar uno de ellos, la fecha de firma de ese contrato privado es un año anterior a la constitución de la hipoteca cambiaria que da origen a la letra. Esto es un indicio fundamental para ver que eran ficticios, eran falsos esos contratos”. La inspectora explica así uno de los elementos de prueba que señala a Gonzalo Boye, entonces representante legal de Sito Miñanco y ahora abogado de Carles Puigdemont, ex president de la Generalitat, que, según declaró, ideó un sistema de letras de cambio para dar apariencia de legalidad al movimiento de dinero que, según la Fiscalía, no era más que una remesa de la organización del capo de Cambados.
Boye, que se enfrenta a nueve años y nueve meses de cárcel por sus presuntas maniobras ilícitas para recuperar el dinero intervenido en el aeropuerto, elaboró contratos “para justificar exclusivamente el origen lícito del dinero con base a letras cambiarias de los fondos que fueron intervenidos en el aeropuerto”. La policía añadió que el abogado de Puigdemont “no sabía cuál había sido la vida, el transcurso, de esas letras, si habían sido endosadas, y, sin embargo, lo único que hicieron fue cuadrar fechas para que de esa manera el relato tuviese, al menos cronológicamente, una veracidad cronológica (…) los contratos presentados por Gonzalo Boye eran completamente ajenos a cualquier tipo de relato comercial lógico”.
Para intentar dar apariencia de legalidad al citado movimiento de dinero, el abogado puso sobre la mesa el nombre de Manuel Pedro G.R., que mantiene que ese dinero era suyo. Sin embargo, la acusación tiene claro que no es así, merced a los informes de la inspectora que testificó ayer, que aseguró que ni él ni sus empresas tenían solvencia, ni de lejos, para manejar una cantidad de dinero próxima al millón de euros, la que fue intervenida a la organización.

La estructura de blanqueo de capitales y movimientos de dinero al servicio de Miñanco era, según la Policía, gestionada por Boye en contacto directo con Isabel Prado, también abogada e hija del capo. Así lo confirmó la inspectora, que añadió que Quique Arango, alias El Viejo o Alan, era la persona sobre la que recaía la responsabilidad de organizar a la red de ‘mulas económicas’ que, desde Madrid, realizaban los viajes simulando encuentros familiares o turísticos para hacer llegar los fondos del capo gallego hasta destinatarios desconocidos en Colombia.