España, Portugal y Marruecos eran algunos de los puntos de destino de los cargamentos de cocaína relacionados en las tres operaciones desarrolladas por la Receita Federal y la Policía Federal de Brasil en los puertos de Santos y Salvador de Bahía entre las jornadas del martes y el miércoles. Las dos primeras se saldaron con importantes incautaciones de droga en contenedores marítimos, mientras que la última, que implicó a centenares de agentes, incluyó casi 40 registros domiciliarios y diez personas detenidas en el marco de un esquema multinacional que servía para llevar la sustancia desde el país sudamericano hacia Europa, pero también a Asia.
El primer operativo se desarrolló en la tarde de este martes, cuando la Receita Federal incautó 969 kilos de cocaína en el puerto de Salvador. La droga estaba dentro de un cargamento de mineral que se dirigía a Bélgica y, en concreto, al puerto de Amberes, en el interior de un barco, en fardos ocultos entre la mercancía.
La droga, escondida en un cargamento de 13 toneladas de açaí congelado, fue interceptada durante labores rutinarias de vigilancia y represión aduanera realizadas por equipos de la Aduana de Santos. El contenedor sería transbordado en el puerto de Tánger-Med, en Marruecos, pero el destino de la carga sería Portugal. La contaminación se produjo en cuatro de los dieciocho palés que contenían la carga. Las imágenes muestran que los traficantes empaquetaron las cajas con paquetes de cocaína en medio de estas cuatro plataformas rodeadas de cajas que contenían la carga original.
Tras confirmarse la contaminación, la Receita llamó a la Policía Federal para realizar las diligencias y realizar la investigación en el lugar de los hechos.
El mismo jueves, la Policía Federal lanzó, con el apoyo de la Policía Militar de São Paulo, Operación Taeguk, que tiene como objetivo desmantelar una organización criminal responsable del tráfico transnacional de drogas desde los puertos brasileños, especialmente el Puerto de Santos.
El esquema fue responsable de la inserción de más de una tonelada de estupefacientes (cocaína y marihuana) en grandes embarcaciones, capaces de realizar viajes transoceánicos, destinadas a abastecer los mercados europeo y asiático.
Aproximadamente 200 policías federales están en las calles para ejecutar diez órdenes de arresto preventivo y 39 órdenes de registro e incautación en domicilios ubicados en los estados de São Paulo (São Paulo capital, Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Bertioga, Caraguatatuba y Paraibuna), Río de Janeiro (Duque de Caxias), Pará (Belém y Barcarena) y Maranhão (São Luís).
Las investigaciones revelaron que en el esquema participaron personas con experiencia en buceo submarino que aprovecharon ese conocimiento para prestar servicios a otras organizaciones criminales contaminando con drogas los baúles sumergidos de barcos ubicados en las zonas de fondeo de los puertos brasileños.
Después de la inserción de cocaína, el núcleo de la organización criminal ubicado en territorio brasileño contaba con el apoyo de una red de buzos alrededor del mundo para sacar la droga en otros países. Se identificaron al menos siete hechos de narcotráfico transnacional, todos en 2024, vinculados a las actividades de esta organización criminal, que suman aproximadamente más de una tonelada de estupefacientes incautadas.
Las investigaciones también revelaron que los implicados utilizaban, además de la contaminación de los baúles marinos, otras formas de introducir droga en los buques, como el método de elevación, para el que necesariamente participan los tripulantes del barco en la colocación y ocultamiento de la droga, pues la carga se iza en altamar desde pequeñas lanchas hasta los grandes mercantes.
Las personas relacionadas con los hechos investigados podrán ser consideradas responsables, cada una dentro de su ámbito de responsabilidad, por los delitos de tráfico transnacional de estupefacientes, asociación con fines de tráfico, así como por el delito de organización criminal. Las penas impuestas pueden superar los 35 años de prisión, sin contar el aumento vinculado a la transnacionalidad de los delitos.
La investigación contó con la participación de la oficina de la DEA, la Armada de Brasil, así como solicitudes de cooperación jurídica internacional en materia penal, con apoyo imprescindible de países socios como Corea del Sur, la República Popular China y España.
