La inminencia del juicio por la operación Mito, el último gran golpe policial contra el tráfico de cocaína en España, no ha impedido que el presunto líder de la organización investigada alcance el tercer grado penitenciario. José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, ya puede abandonar el Centro de Inserción Social (CIS) de Segovia, donde cumple la parte final de la condena por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que le fue impuesta por la Audiencia Provincial de Pontevedra en 2021.
El capo de la droga, que, a través de sus letrados, ha filtrado que se le impide mantener reuniones con ellos sin vigilancia policial, se expone a una posible condena a 31 años de cárcel por dirigir el mayor imperio de la droga de Europa, según la Policía Nacional y la Fiscalía Antidroga, que cayó como un castillo de naipes en el 5 de febrero de 2018.
La Fundación Gallega Contra el Narcotráfico, que ya puso el grito en el cielo en enero de este año, cuando se supo que disfrutaba de sus primeros permisos, criticó con dureza la posibilidad otorgada a Miñanco de abandonar la prisión antes del juicio. “No aprendemos, no escarmentamos… incomprensiblemente seguimos dando facilidades a narcotraficantes que son una amenaza para la seguridad de todos”, detalla Fernando Alonso, su gerente.
“Es un peligro para todos dejar moverse libremente por la calle a uno de los mayores narcotraficantes que ha conocido Europa en vísperas de un juicio en el que le van a pedir 30 años de condena. Es multirreincidente, tiene capacidad económica, contactos y motivación (30 años de posible condena) más que suficientes para intentar fugarse, ya lo ha hecho otras veces, la gravedad de los delitos cometidos y de los delitos por los que le van a juzgar… todo desaconseja claramente dejarle en la calle. Parece que seguimos sin valorar la gravedad de la amenaza que el narcotráfico supone”, valora el portavoz del colectivo antidroga.
Esto sucede también en otros casos menos mediáticos “pero no por ello menos graves, porque nuestra legislación lo permite y por la excesiva demora en la celebración de los juicios”, destaca Alonso, que añade que “es manifiesta la importancia la necesidad de agilizar los tempos de la Justicia para evitar que delitos y criminales de esta magnitud estén todavía esperando un juicio seis años después de la detención de una de las organizaciones narcocriminales más poderosas de Europa. Es tiempo de elaborar leyes valientes para evitar que estas situaciones se sigan dando en el futuro y estar a la altura de la amenaza que supone para todos el narcotráfico”.
