Después de veintinueve días y más de 280 horas de audiencia de juicio, el Tribunal de la Corte Nacional de Ecuador que conoció la causa Metástasis, el mayor golpe jamás asestado a la corrupción relacionada con el tráfico transnacional de cocaína, condenó a veinte de los veintiún procesados por el delito de delincuencia organizada. Ello ocurrió después de que la Fiscalía General del Estado demostrara la participación de cada uno de los imputados en la estructura delictiva que trabajó para el fallecido Leandro Norero con el fin de que él y su familia evadieran a la justicia. Tal es así que el jefe de los jueces en el momento de los hechos, William Terán, el juez de Guayas Ronald Guerrero o el exjefe del SNAI y exdirector Antinarcóticos, Pablo Ramírez, que fue entrevistado por Narcodiario poco antes de lo sucedido, recibieron penas de prisión de nueve años y cuatro meses.
El Tribunal aclaró que la carga probatoria no se limitó a los chats hallados en los teléfonos móviles del fallecido Norero Tigua, sino que su contenido fue corroborado “con la realidad”. Es decir, que la institución verificó que, conforme se daban las conversaciones a través de la aplicación Threema, los hechos de los que en esas charlas se mencionaban iban ocurriendo a la par, respecto a causas en las que era investigado el líder criminal (Leandro Norero) y miembros de su familia, y otros hechos desvelados durante el desarrollo del proceso judicial.
En ese contexto, las sentencias dictadas por el Tribunal quedaron así: Xavier Alexander N. A., diez años de prisión como autor directo. Abogado de profesión y conocido con el alias de Novita, es la única de las cuatro cabezas de la red criminal que pudo ser juzgada, pues las tres restantes están en rebeldía. Se le situó como persona de gran confianza de Leandro Norero, con capacidad para negociar los sobornos a jueces o fiscales por su cercanía a ellos, y de realizar los pagos.
El resto de sentenciados se consideran “colaboradores”. Entre ellos destaca Wilman Terán, alias Diablo, que, aprovechando su condición de jefe de la judicatura, habría facilitado la compra de decisiones de otros jueces. Ronald Xavier Guerrero, alias La Momia, era un relevante juez en Guayas, condenado por emitir resoluciones en beneficio de los narcos a cambio de dinero. Johann Gustavo Marfetan, alias Puma, también juez penal en Guayas, se habría apartado de la causa contra Norero en su beneficio, según la Fiscalía. Carlos Alfredo Zambrano presidía la corte de Manabí, otro escenario clave para el tráfico de cocaína en Ecuador, y acusado de “generar escenarios criminales y de impunidad en coordinación con líderes de la organización para cumplir esos fines”. María José Aguirre era entonces fiscal en Samborondón y persona cercana a alias Novita y está condenada por favorecer al narcotraficante Norero en sus resoluciones. Víctor Hugo Alcívar, fiscal en Santo Domingo, está acusado y, como los anteriores, ha sido condenado, en su caso por filtrar información sobre operativos policiales a los narcotraficantes. Doris Soraya Oviedo, policía de la sección de Lavado de Activos, habría manipulado pruebas en beneficio de Leandro Norero. Armando Heriberto Ruiz, mayor de la Policía, colaboró con Norero y su organización en el blanqueo procedente del tráfico de drogas. Ángel Danilo Leal, investigador de la Dinased, ofrecía información reservada a los narcotraficantes. Fernando Andrés García y Edinn Alexander Iza, ambos policías, han sido condenados por apoyar a Norero y a su gente durante operaciones, y Pablo Efraín Ramírez, que fue jefe del SNAI (el órgano coordinador de las prisiones) antes de pasar al cargo de director Antinarcóticos desde su rango de general de la Policía Nacional, habría facilitado favores penitenciarios a Norero y su gente, según la sentencia. Todos los citados han sido condenados a penas de nueve años y cuatro meses de cárcel, como colaboradores, con agravantes de ejercer de funcionarios públicos en distintos escalones, en un dictamen que puede ser recurrido.
Por otra parte, Katherine Pilar G. A., Kevin Alexander P. V., Braulio Gabriel M. O. y Eduardo Alejandro R. P. recibieron penas de siete años de cárcel, como colaboradores, sin atenuantes ni agravantes, y Claudia Milena G. P., Sofía Nathaly G. M. y César Manuel Á. tres años y cuatro meses de prisión, como colaboradores (con atenuantes). Por último, los magistrados no hallaron responsabilidad en cuanto a la participación de Jhon C., contra quien no dictaron sentencia.
Asimismo, el Tribunal ordenó el comiso de acciones, participaciones y demás derechos que tengan las personas jurídicas que han servido para la comisión del delito de delincuencia organizada, es decir, de las empresas LIONFF REALTY INC. y CEINPRO CIA. LTDA. Además, dispuso el pago de una indemnización por parte de todos los condenados, cuyo monto será notificado por escrito.
Los jueces también ordenaron a la Fiscalía General del Estado que investigue a varias personas que fueron nombradas en la causa (periodistas, jueces, fiscales y abogados) para determinar o no responsabilidades en esta trama que irrumpió dentro del sistema de justicia ecuatoriano para evadirlo y que tiene relación directa con el tráfico de drogas.
A raíz del asesinato de Leandro Norero Tigua en la prisión de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General del Estado permitió obtener varias evidencias, que incluyen los dispositivos móviles con los que el ya fallecido (presunto líder de una organización delictiva dedicada, entre otras actividades ilícitas, al narcotráfico) habría montado su estrategia delictiva para evadir a la justicia con el apoyo de un grupo estructurado para estos fines, entre los que se cuentan los ya citados jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI (el sistema penitenciario del país), abogados en libre ejercicio y otros ciudadanos (colaboradores de Norero).
En ese contexto, en diciembre de 2023, en coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía ejecutó más de setenta y cinco allanamientos en varias provincias del país –con la participación de más de 900 personas– como parte de esta investigación de hechos que relacionan a corrupción y narcotráfico.
Otros doce procesados aceptaron su participación en los hechos imputados por la Fiscalía General del Estado y se sometieron al procedimiento abreviado: Gabriel Genaro C. G., Neycer Lenin M. S., Helive Paúl A. B., Christian Gabriel S. C., Héctor David P. F., Ángel Harry L. V., Emerson Geovanny C. U., Álex Francisco P. Sh., Mayra Carolina S. M., Daniel S. B., Cristian Reinaldo Ch. y Adolfo Richart G. G.
En esta causa también están procesados Fabián C., Cristian R., Javier J., Ronny A., Marcel L., Ángel L. y Jairo V., para quienes se encuentra suspendida la audiencia de juicio, debido a que se encuentran prófugos de la Justicia.
A pesar del impacto de la operación Metástasis y su condena, así como las operaciones Purga y Plaga, de similares características, todas ellas desarrolladas en Ecuador, el país sigue siendo la mayor lanzadera de cocaína hacia Europa en la actualidad, por lo que la corrupción sigue muy presente en torno al negocio ilícito. No hay más que ver la última aprehensión en España, 13.000 kilos procedentes del país sudamericano.
