Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de Europol, han liberado a 21 mujeres que eran explotadas sexualmente en pisos prostíbulos por un grupo criminal establecido en varias provincias españolas. Las mujeres, principalmente de origen latinoamericano, eran captadas en sus países de origen, y una vez en España eran forzadas a prestar servicios sexuales para saldar la deuda contraída, que ascendía a 7.000 euros. La organización criminal desarticulada presuntamente llegó a vender a algunas de sus víctimas a otros tratantes por cantidades cercanas a los 1.000 euros. Han sido detenidas nueve personas en las provincias de Ourense (cinco), A Coruña, Burgos, Cuenca y Madrid.
Las víctimas del entramado desarticulado eran mujeres en situación de gran vulnerabilidad que viajaban a España con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. Los explotadores las proporcionaban reservas de hotel en la ciudad de Madrid, seguro médico de viaje y vuelo de vuelta a su ciudad natal a fin de simular su condición de turista, y las instruían sobre cómo comportarse en frontera para no levantar sospechas ante las autoridades españolas.
Los investigadores localizaron varios pisos prostíbulo gestionados y controlados por la organización criminal repartidos por distintas localidades del territorio nacional donde las mujeres eran forzadas a ejercer la prostitución. Las víctimas se hospedaban en los pisos durante un tiempo determinado hasta que eran trasladadas entre las diferentes provincias. Ejercían la prostitución durante todo el día y el beneficio obtenido era repartido al 50 por ciento con el entramado.
La organización criminal vendía a las mujeres que trabajaban para el entramado por 1.000 euros a otros tratantes antes de ser explotadas o una vez que ya habían sido explotadas por la misma organización.
La operación policial ha finalizado con nueve detenidos a los que se les imputa como presuntos responsables de los delitos de trata seres humanos, prostitución coactiva, pertenencia a grupo criminal y favorecimiento a la inmigración ilegal, y se han realizado siete registros domiciliarios en las provincias de Ourense, Lugo, Burgos, Cuenca y Sevilla, donde se han intervenido ocho teléfonos móviles, 2.895 euros en efectivo y diversa documentación relevante para la investigación.