El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha intervenido más de 3,5 toneladas de picadura de
tabaco de contrabando distribuido mediante pequeña paquetería en los primeros ocho meses de 2024, lo que supone un 72% más que en el mismo periodo del año anterior, superando ya las cantidades incautadas por esta modalidad de contrabando en todo el año 2023, cuando se alcanzaron las 3,2 toneladas aprehendidas.
El paulatino crecimiento de la venta ilícita de tabaco picado mediante anuncios en internet y posterior distribución en pequeña paquetería ha llevado a la Agencia Tributaria y a la Mesa del Tabaco a desplegar un plan especial para combatir este fenómeno con la eliminación de anuncios ilícitos en la web y el inicio de infracciones administrativas de contrabando. Como consecuencia de estos trabajos conjuntos, desde el año 2022 hasta agosto pasado se ha procedido a la eliminación de 6.366 anuncios de venta de picadura por internet, de los cuales 1.872 han sido retirados en los ocho primeros meses del presente año.
El comercio ilícito de labores del tabaco, además de suponer pérdida de recaudación, constituye un problema social, dada la ausencia de controles de calidad y de seguridad en los productos ilegales y la fuente de financiación que supone para otras actividades criminales. Este comercio ilegal afecta principalmente a los cigarrillos y a la picadura de tabaco. Dentro del acuerdo de colaboración entre la Agencia Tributaria y la Mesa del Tabaco para la prevención y lucha contra el comercio ilícito del tabaco, se han desarrollado entre la Subdirección General de Operaciones del Departamento de Aduanas y la propia Mesa del Tabaco actuaciones conjuntas enfocadas a combatir la venta de picadura de tabaco a través
de anuncios en internet, una actividad desarrollada de forma ilícita y no acorde con la legislación.
La venta de labores del tabaco por internet tiene el carácter de venta prohibida. Para vendedores, intermediarios y adquirentes, cuando los hechos sean constitutivos de infracción se prevén multas que podrán llegar al 600% del valor del tabaco intervenido, así como, en su caso, al cierre del establecimiento o la suspensión del ejercicio de la actividad por un
período de hasta un año.
