La Fuerza Integrada de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Federal de Brasil, con el apoyo de la Receita Federal, lanzó este jueves (20/6), la Operación Mosaico, con el objetivo de desmantelar asociaciones criminales que operan en el tráfico de drogas, armas, asociación con trata, lavado de dinero, corrupción y falsificación de documentos, entre otros delitos.
Alrededor de 230 policías federales ejecutaron 72 órdenes judiciales dictadas por el Juzgado Penal de São Mateus, en domicilios de diez estados: Espírito Santo, Rondônia, Distrito Federal, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Río de Janeiro, Ceará y Bahía. Del total de órdenes emitidas, siete son de prisión preventiva y 65 de allanamiento y registro.
Además de desmantelar actividades ilícitas, la acción también apunta a descapitalizar al grupo criminal. Se ordenaron órdenes judiciales para bloquear las cuentas de los investigados hasta un límite de más de 184 millones de reales (unos 30 millones de euros, al cambio) así como para incautar nueve propiedades, 21 vehículos y tres motos acuáticas.
La investigación comenzó en diciembre de 2021, luego del lanzamiento de la Operación Quinta Rueda realizada por la Policía Federal, cuando ocurrió una gran incautación de cocaína con destino al estado de Espírito Santo.
Luego de compartir pruebas, la investigación destapó una organización criminal conformada por varias personas enfocada en el tráfico de drogas, armas, falsificación de documentos y lavado de dinero.
Posteriormente, con miras a ampliar y profundizar las investigaciones, el caso fue elevado a la Fuerza Integrada de Lucha contra el Crimen Organizado, la cual, en el transcurso de un trabajo multidisciplinario, identificó varios grupos criminales. Los dos principales investigados se dedicaban al tráfico de armas y drogas.
También hay actividad en la falsificación de documentos públicos, especialmente en la elaboración de cédulas de identidad ideológicamente falsas para prófugos de la justicia y personas integrantes de grupos criminales. Los recursos financieros ilícitos adquiridos mediante la comisión de delitos eran lavados a través de empresas fantasma, inversiones en bienes raíces, autos de lujo, uso de personas interpuestas, procedimientos todos ellos propios de acciones de lavado de dinero.
Durante las investigaciones se identificaron varios negocios de armas de fuego y drogas, algunos de los cuales incluso fueron objeto de acciones flagrantes por parte de la PRF y policías en otros estados. La organización criminal contó con el apoyo de agentes y ex agentes públicos (miembros de las fuerzas de seguridad pública), empleados de oficinas de registro y otros organismos públicos de la empresa criminal, demostrando la peligrosidad y nivel de articulación del grupo investigado.
La asistencia de agentes públicos corruptos resultó ser importante para la actividad criminal, ya que algunas acciones policiales se filtraron con anticipación, las órdenes de registro ya no se ejecutaron adecuadamente, se crearon documentos falsos, se pasó información confidencial de bases de datos públicas a los delincuentes, además de otras acciones derivadas de la mala conducta de los empleados.
Los investigados podrán ser considerados responsables, en la medida de su culpabilidad, de los delitos de lavado de dinero, asociación para el narcotráfico, tráfico interestatal de drogas, organización criminal, corrupción, tráfico ilegal de armas de fuego y falsificación de documento público.
La Fuerza Integrada de Lucha contra el Crimen Organizado está compuesta por miembros de la Policía Federal, Policía Federal de Carreteras, Policía Militar de Espírito Santo, Policía Civil de Espírito Santo, Guardias Civiles de Vitória, Vila Velha, Serra y Viana y el Secretario de Seguridad Pública de Espírito Santo.
