‘Dubai Unlocked’: la huella inmobiliaria de los grandes capos de la droga en el emirato

Siguen pendientes de tramitación 53 de las 60 comisiones rogatorias penales enviadas por España a los Emiratos Árabes Unidos desde 2020 / La familia de Edin Gačanin, los Kinahan o Karim Bouyakhrichan mantienen grandes inversiones en el incipiente país asiático / La colaboración por parte de sus autoridades es escasa o nula, lo que le mantiene como el gran refugio del crimen organizado internacional
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Begoña P. Ramírez (infoLibre)

Una de las razones por las que Dubái se ha convertido en el resort favorito de decenas de fugitivos de la justicia internacional es el escaso interés que sus autoridades muestran en cumplir con las solicitudes de extradición de otros países. El pasado verano Francia tenía pendientes con el emirato 26 solicitudes de extradición de otros tantos delincuentes. La Fiscalía de los Países Bajos lleva al menos 13 casos de blanqueo y contra sospechosos escondidos en Dubái, según la fundación holandesa Investico –miembro de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), proyecto con el que colabora Narcodiario-. Bélgica pide al emirato la entrega de otros 20 criminales, según el periódico belga De Tidj –también socio de OCCRP–.

España, por su parte, ha remitido a los Emiratos Árabes Unidos 60 comisiones rogatorias de carácter penal desde 2020. De ellas, 53 siguen pendientes de tramitación, según cifras oficiales obtenidas por infoLibre. En ese mismo periodo, los Emiratos sólo han enviado una solicitud a España. De carácter civil, las autoridades españolas han mandado siete comisiones rogatorias a la autocracia del Golfo, y ésas sí, han sido todas contestadas.

Entre las peticiones de extradición españolas destacan las de dos capos del supercártel detenidos en la Operación Dessert Light, en octubre de 2022, y la de Alejandro S. V., conocido como El Tigre, capturado en agosto de ese año en el emirato y considerado el más importante narcotraficante español de cocaína del mundo por la Guardia Civil. En estos momentos hay cuatro ciudadanos españoles encarcelados en Dubái.

La isla que en su día adquirió Imperiale, en la urbanización The World, en una infografía

Todas las solicitudes, no importa el país, se encuentran paralizadas por una mezcla letal de falta de voluntad y rigidez burocrática de la justicia emiratí. En julio de 2023, Países Bajos aprobó un tratado de extradición con los Emiratos. Bélgica lo firmó en diciembre de 2021. Francia, en 2018. Irlanda está negociándolo ahora. España tiene uno desde 2009, por tanto, no es precisamente una recién llegada a la cooperación judicial con los Emiratos. Pero los resultados siguen siendo decepcionantes para los europeos, pese a que los ministros de Justicia de casi todos los países antes citados han visitado el país del Golfo en el último año para intentar acabar con la renuencia de su sistema judicial a la entrega de criminales extranjeros.

El ministro belga, Paul van Tigchelt, voló a Abu Dabi el pasado mes de marzo e incluso habló con su homólogo emiratí de la incautación de las propiedades que tienen allí los delincuentes pendientes de extradición. “La cooperación en materia de confiscación es nueva. La Fiscalía [belga] las está pidiendo [las incautaciones], ya hemos identificado una serie de casos, aunque aún no hemos enviado solicitudes concretas de incautación. Pero están en camino”, aseguró Van Tigchelt a la revista belga Knack –socio de OCCRP–. Desde junio de 2023, los Emiratos han extraditado a tres presuntos delincuentes: el capo albanés Franc Gergely, por ordenar desde Dubái el asesinato de un compatriota; el narcotraficante Nordin El Hajioui y un delincuente financiero al que, de momento, sólo se identifica como François D.

La referencia del ministro belga a la confiscación de propietarios no es baladí. Fran Gegerly figura como dueño registrado de al menos 10 inmuebles en el emirato, según los datos de Dubai Unlocked, una investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS),
una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En el proyecto han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

De acuerdo con el análisis realizado por De Tidj y Knack, el valor de los ocho apartamentos y dos villas que el capo albanés afincado en Bélgica tenía a su nombre en Dubái suma 18 millones de euros. Una cifra a la que habría que añadir los 600.000 euros que Gegerly ingresó por alquilar algunos de esos inmuebles. Además, las propiedades fueron adquiridas sobre todo en 2020, el año del asesinato por encargo del que se acusa al albanés. Buena parte de ellas las ha ido vendiendo, con el consiguiente beneficio.

Los medios belgas de OCCRP también han localizado los inmuebles de 10 delincuentes o incluso condenados huidos a Dubái, y de cuatro de sus familiares. En total, tenían a su nombre 53 propiedades, valoradas en 56 millones de euros. En algunos de los edificios, de los más altos y lujosos del emirato, eran vecinos varios de ellos. Por los alquileres de parte de su cartera inmobiliaria, los criminales belgas ingresaron la suma de tres millones de euros.

Otro tanto ocurre con los delincuentes reclamados por los Países Bajos. Jos Lejedkkers, a quien la Policía considera uno de los principales capos europeos de la cocaína, compró un apartamento de 164 metros cuadrados en la isla artificial Palm Jumeirah valorado en casi 650.000 euros.

Pero el pionero de las inversiones inmobiliarias en Dubái fue Raffaele Imperiale, un narcotraficante de la Camorra con negocios en Marbella que ya en 2013 abandonó Países Bajos para instalarse en el emirato. Como publica IrpiMedia –socio de OCCRP–, invirtió 30 millones de euros en comprar una isla artificial, llamada Taiwán y situada en un complejo aún en construcción conocido como The World. También encargó el diseño de 10 villas por valor de 20 millones de euros. Fue detenido en 2021 en una villa en Emirates Hills, donde residía desde un año antes. Narcodiario informó de esa isla de Imperiale hace ya algunos meses tras saber que el capo la había entregado a las autoridades del emirato. 

Ciro Arianna y su hermano Giuseppe, dos empresarios investigados por la Fiscalía de Nápoles por contrabando de cigarrillos desde los Emiratos, fueron propietarios en Dubái igualmente. Poseían un piso de 143 metros en la Sunrise Bay Tower y otro en la Sport One Business Tower, respectivamente, de acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso OCCRP.

 

A diferencia de otros narcos europeos, Imperiale fue extraditado a Italia rápidamente, sólo siete meses después de ser detenido, pero por utilizar un pasaporte falso. Italia, que tiene un tratado de extradición con los Emiratos desde 2019, había empezado a pedir la entrega de Imperiale en 2016. En 2017 fue condenado allí a 18 años de prisión. Es decir, desde la primera solicitud hasta su extradición habían pasado seis años. Entretanto, tres peticiones habían sido desatendidas, resalta Irpimedia.

No obstante, con los italianos Dubái ha sido bastante generoso. Poco después de Imperiale, entregó a Raffaele Mauriello, a quien se buscaba por asesinato; a Bruno Carbone, socio de Imperiale, y a Gaetano Vitagliano, tesorero de otro clan de la Camorra. También fue detenido en el emirato Ciro Guglielmo Filangieri, jefe del clan Giuliano.

Edin Gačanin, de origen bosnio pero con pasaporte holandés, entra en la categoría de supercapo y también reside en Dubái. Fue uno de los seis detenidos por Europol en la Operación Desert Light, en la que también participó la Guardia Civil. Lo reclama la justicia de los Países Bajos. Dubai Unlocked ha localizado el apartamento donde vivía uno de sus lugartenientes, Dženis Kadrić. Ex policía bosnio, de
36 años, se encargaba de la seguridad de Gačanin desde que dejó el cuerpo. Kadrić compartía apartamento en el rascacielos Burj Khalif, el más alto del mundo, con su esposa. El casero al que pagaban el alquiler, 133.800 euros en tres años, es un cuñado del dictador ecuatoguineano Teodoro Obiang Nguema.

Mientras, su jefe, Gačanin, fue condenado a siete años de prisión y al pago de una multa de un millón de euros por un tribunal de Rotterdam. Se le consideró responsable de un envío de cocaína a través de los puertos de Rotterdam y Hamburgo. El juicio se celebró en noviembre de 2023 y, según publicó entonces el diario holandés NRC, la sentencia se dictó con el pacto previo de la fiscalía y la defensa. Gačanin había declarado por teleconferencia desde Dubái. Allí permanece en libertad, pendiente de extradición, desde que las autoridades dubaitíes le sacaron de la cárcel a los dos meses de ser detenido en Dessert Light. Según el Gobierno emiratí, Países Bajos cursó la solicitud de entrega fuera de plazo, algo que los holandeses niegan.

También fue detenido en la misma operación de Europol y puesto en libertad a los pocos meses Zouhair Belkhair, cuyo rastro sí aparece en Dubai Unlocked: un apartamento de 168 metros cuadrados y cuatro millones de euros en The Residence, en Marina Gate, que ya no está a su nombre desde el año pasado. Lo tuvo alquilado en 2020, a razón de 3.130 euros al mes.

Detención de Imperiale / Dubái Police

Otro de los capos del supercártel desmantelado por Europol es Hoesny Ajaray, reclamado por Bélgica y Francia. A su nombre figura un terreno de 900 metros cuadrados en La Mer Maisons, que compró por 1,57 millones de euros en 2021, presumiblemente para construir una villa.

También figura en la lista de Desert Light Ryan James Hale. Aunque británico, pertenece al clan irlandés de los Kinahan, una de las mayores bandas criminales de Europa. Christopher Kinahan y sus hijos Daniel y Christopher Junior llevan casi una década escondidos en Dubái. The Irish Times –otro miembro de OCCRP– ha identificado también las numerosas propiedades del clan irlandés en el emirato, desde una mansión de 2.238 metros cuadrados en Emirates Hills a nombre de la mujer de Christopher Senior –por la que pagó 6,05 millones de euros–, un apartamento de 300 metros en Elite Residences –893.588 euros– y otra villa en Parkway Vistas de seis dormitorios, hasta una oficina de 114 metros en una torre de 55 plantas en Jumeirah Lake.

Villa que proyectaba Imperiale en Dubái, en una infografía

La peculiaridad de los Kinahan es que han ido vendiendo los inmuebles durante los dos últimos años, desde que en abril de 2022 su nombre apareciera en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU, que ofrece una recompensa de 13,9 millones de euros por cualquier información sobre ellos. También han ido cerrando las sociedades que habían registrado en Dubái. Ryan James Hale, que se dedicaba a blanquear el dinero negro de los Kinahan en la Costa del Sol, también es uno de los dos detenidos en Dubái cuya extradición pide España, junto con el panameño Anthony Alfredo Martínez Meza, alias Hassan. La UCO de la Guardia Civil bautizó como Operación Faukas a su participación en Dessert Light. La Fiscalía de Marbella está tras la extradición del británico. La de Valencia, detrás de la del panameño, a quien se responsabiliza de un alijo introducido en el puerto de la capital levantina. Como el resto del supercártel, siguen en libertad en el emirato y con la extradición en el limbo judicial dubaití.

Además, España pide a Dubái la extradición de un tercer gran capo, no relacionado con Dessert Light pero, como los citados más arriba,
considerado igualmente un Objetivo de Alto Valor. La diferencia con los anteriores es que Alejandro S. V., El Tigre, ha permanecido más de un año en prisión. Le pilló la Policía dubaití consumiendo drogas en su propia casa, un delito duramente castigado por las leyes locales. Según ha confirmado su abogado en España, Javier Yagüe García, El Tigre salió de la cárcel a principios de este año, una vez concluida la condena. Al tiempo, avanza por fin el procedimiento para extraditarle, aseguran a infoLibre fuentes judiciales.

Droga atribuida a El Tigre / UCO

Aunque con los obstáculos que parecen ser la tónica habitual de la justicia dubaití: si en un primer momento reclamaron al Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras (Cádiz) la traducción al árabe de las miles de páginas del sumario, ahora han pedido que se les traduzcan los artículos del Código Penal español que sustentan la solicitud de extradición. Se trata de las mismas maniobras dilatorias que Dubái empleó cuando Brasil le reclamó a Danilo Vunjao Santana Gouveia, acusado de blanqueo de capitales y fraude por una estafa piramidal masiva de bitcoins. Fue puesto en libertad porque los brasileños no enviaron al emirato los 10 volúmenes del sumario contra este empresario traducidos al árabe.

En el caso de Alejandro S. V., el juzgado español ni siquiera recibió una comunicación oficial de las autoridades dubaitíes comunicando su detención. Si en Algeciras se enteraron fue sólo porque se lo comunicó la Guardia Civil, aseguran las mismas fuentes. “La cooperación judicial que nos presta Dubái es muy limitada, prácticamente inexistente”, resume a infoLibre un responsable gubernamental europeo con competencias en la materia. Pese a que España tiene con los Emiratos Árabes Unidos un convenio completo que incluye la asistencial judicial mutua, las extradiciones y el traslado de condenados y fue firmado hace ya 15 años, a la hora de aplicarlo “surgen 1.000 problemas”. “Siempre ponen pegas, te vuelven a pedir datos que ya les has dado, o resulta que no los habías pedido bien… te marean, no hay manera de conseguir una colaboración eficaz”, lamenta. Preguntado por la causa, concluye: “La contumacia hace entender que se trata de una falta real de voluntad por parte de Dubái”.

Reunión de Holanda con el emirato / Gobierno de Dubái

Además, el problema es común a todos los países europeos que, como Bélgica, Países Bajos y Suecia, por ejemplo, hacen frente en los últimos tiempos a una amenaza para ellos inédita: el crimen organizado. De hecho, la preocupación ya se ha manifestado en reuniones de los responsables gubernamentales en Bruselas. Dubái suele ser el único nombre concreto que se menciona cuando se discute sobre jurisdicciones no cooperativas. Las fuentes consultadas reclaman que la solución se busque a nivel político y a escala europea. “Que se afronte de modo global y se meta en la agenda de la UE”, urgen.

Buena muestra del papel protagonista que Dubái ha alcanzado en el mapa mundial del crimen es el Centro de Inteligencia Criminal Antidroga (CICA), recién creado en España y que quiere funcionar como una plataforma de intercambio de información entre Europa y América para combatir el narcotráfico internacional. Financiado por la UE y dirigido por la Guardia Civil, en el CICA van a trabajar analistas de España, Portugal, seis países latinoamericanos –Colombia, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Brasil y Panamá– y Dubái. La idea es atacar toda la estructura del narcotráfico, desde el origen de la droga, en América, y su destino, en Europa, hasta el emirato, “donde se encuentran los cabecillas”, explica el comandante Javier Valdenebro, jefe del grupo de Drogas de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil y coordinador del proyecto GDIN, del que forma parte el CICA. Ya están trabajando en unos 130 asuntos, asegura, aunque su objetivo no son los “resultados inmediatos” en forma de operaciones, sino hacer un “análisis estratégico para descubrir nuevas tendencias”.

Registros en la operación Dessert Light / Guardia Civil

La idea del CICA es que los analistas alternen estancias de cinco meses en España y cuatro meses en sus respectivos países. En febrero todos ellos habían enviado ya sus analistas… excepto Dubái. A finales del mes de abril, el delegado emiratí aún no había aterrizado en España. ¿Qué quiere el CICA de Dubái? “Nos interesan los fugitivos, los Objetivos de Alto Valor que se esconden allí, y el blanqueo de capitales, algo sobre lo que ya estamos trabajando”, indica el coordinador del proyecto. Según destaca, la colaboración con la policía del emirato es “buena” –“Hay buena predisposición”–, pero también “lenta”.

Trabajo no les va a faltar si no cambian las condiciones de las que aún disfrutan en Dubái criminales de toda clase. Hajli El Harraj, un español de origen marroquí al que se consideraba el jefe del cártel del Sur, no debió de tener muchas dudas cuando huyó de España en junio de 2022, justo cuando iba a ser detenido. Sólo hizo escala en Marruecos, estaba de camino a Dubái. Con él, sin embargo, las autoridades del emirato fueron expeditivas: lo detuvieron en octubre y lo extraditaron dos meses después.

Reunión de Francia con el Emirato / Gobierno de Dubái

El cabecilla de la organización que se desmanteló en la Operación Jumita, en junio de 2021, había creado una red de empresas en Dubái para blanquear sus ganancias. Importaba cocaína a través del puerto de Algeciras, donde incluso tenía en nómina al jefe de Operaciones de la terminal de la naviera APM Maersk. El caso aún está en fase de instrucción y el juicio no se celebrará hasta por lo menos el mes de febrero de 2025, aunque antes el Tribunal de Justicia de la UE deberá resolver la cuestión prejudicial presentada por la defensa de los implicados sobre la legalidad de la desencriptación de sus conversaciones telefónicas. Y una posible señal de alerta: Melanie, la mujer de Karim Bouyakhrichan, el capo holandés de la Mocro Mafia, vive en Dubái, tal y como recuerda el auto de la Audiencia Provincial de Málaga que lo dejó en libertad el pasado mes de abril tras pagar una fianza de sólo 50.000 euros. Se encuentra en paradero desconocido y pesa sobre él una orden internacional de busca y captura.

Dubai Unlocked se basa en datos filtrados que ofrecen una visión detallada de cientos de miles de propiedades en Dubái e información sobre su titularidad o uso, en gran parte a partir de 2020 y 2022. Los datos fueron obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington DC que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Posteriormente se compartieron con el medio financiero noruego E24 y el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), al que pertenece infoLibre y que coordinó un proyecto de investigación con decenas de medios de comunicación de todo el mundo. Los datos incluyen el nombre del propietario de cada propiedad, así como otros detalles identificativos como su fecha de nacimiento, número de pasaporte y nacionalidad. En algunos casos, los datos recogían inquilinos en lugar de propietarios. Los periodistas utilizaron esta información como punto de partida para explorar el panorama de la propiedad extranjera en Dubái. Pasaron meses verificando las identidades de las personas que aparecían en la filtración, así como confirmando su condición de propietarios. Para ello emplearon registros oficiales, investigaron en fuentes abiertas y en otros datos filtrados.
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