Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta con la Polícia Judiciária portuguesa y Europol, han desmantelado una trama que, presuntamente, habría blanqueado desde Mallorca más de diez millones
de euros con origen en obra pública de Guinea Ecuatorial, gracias a un complejo entramado societario internacional. En el marco de la causa judicial abierta, ocho personas se encuentran imputadas, de ellas dos detenidas incluyendo al considerado organizador de la trama, un ciudadano holandés residente en Palma, Donald Frank V.D.H., por delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal vinculados con actividades de corrupción en los negocios internacionales. En el centro del escenario, según publica infoLibre, estaría Gabriel, uno de los hijos de Teodoro Obiang, dictador de Guinea Ecuatorial. El citado holandés actuaría como testaferro del alto cargo guineano.
La operación del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Baleares, denominada ‘Run out’, arranca a principios del año 2021, con conexiones con una investigación penal que paralelamente se había iniciado en Portugal en relación con una empresa constructora lusa y su actividad de obra pública en Guinea Ecuatorial, y en el contexto también de informaciones periodísticas internacionales publicadas en esas fechas por OCCRP, organización con la que colabora Narcodiario, y el diario infoLibre. La Polícia Judiciária había llevado a cabo 21 registros domiciliarios, incautando abundante documentación, y se había iniciado investigación penal sobre cuatro personas físicas y una sociedad. En el marco de aquella investigación en Portugal se analizaba el posible desvío de ‘mordidas’ a patrimonios personales de los allí investigados de un montante cercano a los diez millones de euros.
Los investigadores del Servicio de Vigilancia Aduanera en España iniciaron, a su vez, una investigación financiera sobre el considerado
organizador de la trama, con el impulso de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares y dentro de una causa actualmente judicializada en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca. Tras un año de indagaciones que llevaron a encontrar serios indicios de la
ocultación de fondos de presunto origen delictivo en propiedades inmobiliarias en España, mediante empresas pantalla e instrumentales, el juzgado acordó en marzo de 2022 el registro domiciliario de este ciudadano holandés.
La entrada y registro permitió a los funcionarios de Vigilancia Aduanera, con la colaboración de la Polícia Judiciária portuguesa, el apoyo operativo del Centro Europeo de lucha contra la Delincuencia Económica y Financiera de Europol (EFECC) y la participación de la Unidad Central de Auditoría Informática de la Agencia Tributaria, recoger más de 13.000 documentos en papel de interés para la investigación, así como extraer información relevante de 43 dispositivos electrónicos, con casi cuatro terabytes de información.
Además, se intervinieron nueve cuentas bancarias con más de 200.000 euros de saldos, tres vehículos valorados en más de 100.000 euros, 15 relojes de alta gama por valor de 150.000 euros y también fue embargada la propiedad de unos derechos de uso vitalicio en un club de golf valorada en más de 100.000 euros. Igualmente, se ejecutaron órdenes de embargo y prohibición de enajenación de once inmuebles situados en Mallorca y propiedad de las sociedades investigadas por el blanqueo de capitales, valorados en más de cinco millones de euros.
La investigación realizada a partir de la documentación incautada muestra múltiples evidencias del concierto para delinquir entre los investigados, facturas emitidas por sociedades instrumentales y contratos presuntamente falsos de consultoría, documentos y pruebas que
demostrarían el desvío o ‘mordida’ del 10 por ciento del valor de la obra pública ejecutada en Guinea Ecuatorial, su posterior blanqueo a través de un entramado societario y operativas de ocultación, y el remansamiento posterior en el patrimonio controlado de forma directa o indirecta por el organizador de la trama y otros investigados.
De acuerdo con las investigaciones que obran en la causa judicial, la trama había formado una compleja estructura societaria internacional para canalizar las comisiones ilegales, controlada a través de fideicomisos (‘trust’) y sociedades radicadas en países como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belice y Holanda, entre otros, remansando los fondos en inversiones controladas por el organizador de la trama en España y Holanda. El vértice de esta estructura societaria para desviar y ocultar el origen de los fondos estaría radicado en un fideicomiso de Liechtenstein, del cual ‘colgaba’ otro controlado por el ciudadano holandés, con roles de supervisor y beneficiario.
