El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Pablo Varela, tiene en sus manos una ingente cantidad de prueba que incriminaría a Juan Carlos Santórum y a su núcleo más cercano del intento de introducción de cerca de cuatro toneladas de cocaína intervenidas en el Atlántico, camino de Galicia, en el mes de abril de 2020, en plena pandemia de la covid-19. «Juan Carlos Santórum se sitúa en la cúspide de la pirámide organizativa de una actividad criminal innegablemente compleja», explicaba el entonces fiscal Antidroga en uno de sus escritos de la presente causa.
La Audiencia Provincial de Pontevedra logró al fin arrancar este miércoles con la vista oral por los hechos, congregando en el banquillo al presunto capo de la droga de Vilanova de Arousa y a sus más cercanos colaboradores, además de a un ciudadano colombiano que fue detenido semanas después en Madrid en un intercambio de cocaína y dinero y de los tripulantes del mercante que llegaba desde Sudamérica con la droga, nepalíes todos ellos salvo uno, gallego, y que llevan en prisión cuatro años justos.
Varela expuso en su día que «las conversaciones intervenidas han permitido grabarle -a Santórum- haciendo referencia a fardos de cocaína
con el sello ONG», o lo que es lo mismo, los que fueron incautados días después de la caída del barco al agente de Aduanas que fue detenido en Madrid, también procesado, cuando se los entregaba a su presunto socio colombiano. Esa es, aunque contundente, la menos relevante de las pruebas que el fiscal va a poner sobre la mesa en el juicio que comenzó este miércoles. Muy destacable es la presencia de las coordenadas exactas en las que debía efectuarse el trasvase en el buque Karar (donde viajaba la droga) en una de las naves atribuidas a Santórum y su gente. Pero más destacables aún son las múltiples conversaciones que, a ojos de la Policía, dejan claras las intenciones del vilanovés de hacerse cargo de la mercancía ilícita mediante la poderosa infraestructura de narcolanchas que en aquel momento se le atribuía.
–Juan Carlos:
«Va a ir cargadita»
–Emilio:
«Cargada hasta las orejas» (…) ¿Son tres ocho no?
–Juan Carlos:
«Tres siete fue lo que dijo de aquella”
Esa conversación es un extracto de las escuchas de las que dispone el fiscal, en la que Santórum habla con uno de sus socios, según destacan los investigadores, acerca de la cantidad de cocaína que deben recoger (3.800 kilos fueron los incautados en el Karar). Sin embargo, el más conocido de los investigados, condenado en su día tras recibir chivatazos de operaciones por parte de guardias civiles y detenido recientemente en una nueva operación junto a otro de los investigados, Ismael C., defendió su inocencia en su momento en páginas de Diario de Pontevedra, en una entrevista exclusiva que concedió poco después de la llegada del Karar, cuando se encontraba en búsqueda y captura después de esquivar la detención. “Llevan años metiéndome en procesos por relacionarme con gente de mi pueblo», dijo, y añadió que «en mi época de adolescente consumía y traficaba con cocaína, pero nunca a gran escala».
La primera sesión del juicio se centró en el turno de cuestiones previas, abierto por la letrada del único colombiano procesado, que pidió la suspensión al entender que la causa es competencia de la Audiencia Nacional. A este respecto, el fiscal se opuso, y los letrados, de forma sorprendente, mostraron disparidad de criterios, algunos de ellos a favor, otros en contra y, en el caso de Carmen Ventoso, abogada que representa a Santórum y a gran parte de su núcleo duro, aquietándose a la decisión de la sala. Nélida Cid, presidenta del tribunal, rechazó la petición, dando por buena la competencia del tribunal provincial.
A continuación se abrió el turno de cuestiones previas, que, a la vista de la gran cantidad de imputados (28) y aunque muchos de ellos comparten representación, no pudo concluir en la primera sesión del juicio, y seguirá este jueves y los días siguientes, hasta bien entrada la semana próxima. Ventoso, en una extensa exposición, puso en duda la validez de la investigación policial, al considerar que se llevaron a cabo actuaciones «prospectivas, basadas en indicios débiles» y, además de impugnar numerosos autos e informes, pidió la nulidad de las actuaciones debido a la vulneración de derechos fundamentales de sus patrocinados. La letrada cargó contra los policías que desarrollaron una laboriosa investigación en busca de desvirtuar el arco probatorio que el fiscal jefe podrá sobre la mesa en las siguientes sesiones del juicio oral.
El ministerio público atribuye a todos los acusados un delito contra la Salud Pública con el subtipo agravado por el uso de embarcaciones y por tratarse de una red con contactos internacionales; y un delito de integración en organización criminal. A mayores, al matrimonio acusado (el agente de Aduanas y su esposa) les imputa también un delito de blanqueo de capitales, y a un procesado al que le intervinieron una pistola, lo acusa también de tenencia ilícita de armas.
Para Juan Carlos Santórum pide la pena de 18 años y medio de prisión, así como una multa de 438 millones de euros; mientras que, para el resto, solicita 13 años y medio de cárcel (dos años más para el investigado por tenencia de armas) y dos multas de 400 millones de euros.
En el caso del funcionario de Aduanas, la solicitud de pena se incrementa en otros 6 años por el blanqueo y dos penas de inhabilitación total por un período de 20 años; para su mujer, la Fiscalía también pide la pena de cárcel por blanqueo, de manera que ambos se enfrentan a un total de 19 años y medio de prisión.
