Agentes de los Mossos d’Esquadra de la DIC de la Región Policial de Metro Nord, junto con la Unidad de Investigación de Mataró (Barcelona) y de la Policía Nacional han detenido a 14 personas a las que se les atribuyen delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico. Los sospechosos operaban alrededor de un clan familiar de origen iraní con doble naconalidad holandesa con antecedentes por producción de estupefacientes en otros países.
La fase de explotación continuó el 14 de marzo de 2024 con dos nuevas entradas y registros, que sirvieron a los investigadores para recopilar más información sobre la estructura criminal. El pasado 15 de marzo los detenidos pasaron a disposición del juez instructor de la causa. Por último, el 25 de marzo se llevó a cabo otra detención de uno de los investigadas en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, elevando la cifra de detenidos a 14.
La organización se estructuraba en torno a un clan familiar de origen iraní, pero con documentación holandesa, aunque la mayoría de los integrantes residían en la zona del Maresme (Catalunya) desde hace varios años. Algunos de esos miembros se habían especializado en el cultivo indoor de marihuana. Los investigadores detectaron en las entradas a las plantaciones una alta sofisticación y automatización de las mismas, además algunos de sus miembros tenían experiencia previa en el cultivo de marihuana. A los líderes del grupo les constan antecedentes en Holanda por tráfico de drogas antes de asentarse en España.
Tanto las plantaciones como las viviendas de los jefes del grupo estaban ubicadas en casas unifamiliares a cuatro vientos en diversas urbanizaciones de lujo del Maresme. Los investigados alquilaban los inmuebles pagando grandes cantidades de dinero, lo que les hacía pasar desapercibidos por la policía. Además, el hecho de elegir casas aisladas de núcleos urbanos hacía que tampoco mantuvieran contactos con otros residentes de la zona.
El grupo criminal estaba liderado por varios hermanos y otros familiares directos que conformaban una estructura jerárquica rígida en la que nunca utilizaban personas ajenas al grupo para mantener su discreción. Sólo en casos puntuales, requerían servicios de terceras personas poco cualificadas para tareas de mantenimiento del cultivo, tratamiento de la marihuana, envase y transporte de ésta para su posterior venta. Todo era supervisado por los jefes del grupo criminal. Los investigadores detectaron que estos jardineros carecían de conocimiento global del entramado criminal para el que trabajaban.
Otros investigados proveían a la organización de material y equipos especialidades para la producción. Sin embargo, otros componentes del grupo controlaban varias empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria por la obtención de las casas y alquiler de vehículos, empleados por la organización.
La actividad criminal mantenida en las plantaciones se determinó en base al exagerado consumo eléctrico detectado por la compañía eléctrica. Además, 17 técnicos de la compañía Edistribución colaboraron a la hora de comprobar las conexiones a la red eléctrica en 6 domicilios y locales. En todas las inspecciones realizadas se detectaron conexiones fraudulentas que comportaron 1,53 GWh de energía defraudada, que equivale al consumo de una población de 438 viviendas, teniendo en cuenta un consumo anuales de 3.500Kwh/vivienda. El coste de la energía defraudada asciende a una cantidad de 383.469 euros.
