Las grandes causas por crimen organizado vinculado con el tráfico de drogas suponen un gran reto para los tribunales enjuiciadores, y el macrojuicio contra la red delictiva presuntamente atribuida al vilanovés Juan Carlos Santórum no será una excepción. Si el pasado viernes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anunciaba en sus canales oficiales el inicio de las sesiones plenarias para el próximo martes, hoy este periódico está en condiciones de afirmar que no será así. La vista oral será aplazada, y ya hay fecha: el lunes, 18 de marzo.
La sede será, en esta ocasión, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, dado que fue un juzgado de la ciudad olívica el que instruyó las diligencias que desembocaron en la detención de una treintena de personas en mar y en tierra y la caída del mercante Karar, que fue remolcado al puerto de Vigo con un alijo de unos 4.000 kilos de cocaína. Sin embargo, serán magistrados de las secciones penales de la ciudad del Lérez los que decidan el destino de los investigados, pues los de Vigo estarían ‘contaminados’ al haber resuelto recursos a lo largo de una fase de instrucción que se alargó durante más de tres años.
Sobre los hechos que serán objeto de juicio, la Fiscalía Provincial de Pontevedra reclamará penas pocas veces vistas en esta Audiencia, pues, si se suman, alcanzan los 409 años de cárcel para los 28 individuos que se sentarán en el banquillo (eran 29, pero uno de ellos falleció en la fase final del proceso de Instrucción). De todas ellas, las más elevadas, según el criterio de Pablo Varela, jefe del Ministerio Público, deberían recaer en Pablo S., funcionario de Vigilancia Aduanera de Vilagarcía de Arousa que actuaría al servicio de la organización criminal. 20 años de inhabilitación absoluta, lo que, de facto, constituye la expulsión del citado Servicio de Vigilancia Aduanera, y dos penas de cárcel que suman 19 años y medio entre rejas es la reclamación a la que se expone el agente. Su detención se produjo meses después de la caída del Karar y sus toneladas de cocaína, intercambiando dinero y droga con un ciudadano colombiano en Madrid. Su relación con la organización presuntamente liderada por Santórum se acreditaría a través de conversaciones y del sello de la propia droga, ‘ONG’. Todos esos indicios propiciaron no solo un procesamiento como integrante de la citada organización criminal, sino también una investigación patrimonial paralela que desveló que llevaría años cobrando sobresueldos que no se correspondían con su actividad laboral.
Para el resto de procesados, el Ministerio Público también pide penas ejemplares. La pareja del citado agente es la peor parada, pues se le atribuyen, como a su compañero, narcotráfico y blanqueo, con otros 19 años y medio de prisión en el horizonte. El siguiente, en orden descendente, sería el presunto jefe del clan, Juan Carlos Santórum, que, por tal condición, se expone a 18 años de cárcel. José Yamandú R.G., uno de sus colaboradores directos, se expone a 13 años y medio por narcotráfico y dos más por tenencia ilícita de armas. Los 24 restantes, incluyendo personas conocidas como Braulio V., recientemente condenado a ocho años por enviar cocaína a Barcelona, tienen ante sí solicitudes de trece años y medio de cárcel por delitos contra la Salud Pública si resultan condenados.
