La Fiscalía Nacional de la Nación de Colombia acusó formalmente ante un juez penal especializado de Barranquilla, Atlántico, al exdiputado de la Asamblea de Atlántico, Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo del presidente del país, Gustavo Petro, como presunto responsable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Este proceso sucede a la detención Petro Burgos que tuvo lugar meses atrás y a las posteriores pesquisas. A efectos prácticos, supone el llamamiento a juicio de investigado, cuya defensa rechazó la comisión de ambos delitos por parte de su patrocinado.
Los peritos contables y financieros del CTI establecieron que Petro Burgos, al parecer, no declaró el ingreso de esos recursos a su patrimonio. De igual manera, identificaron varios gastos que no podían ser compensados con la capacidad adquisitiva que tenía el entonces diputado.
En el transcurso de las pesquisas, los medios de comunicación colombianos señalaron que el acusado había tirado de la manta diciendo que los fondos serían para la campaña electoral de su padre. Sin embargo, la actual acusación parece alejarse de cualquier acuerdo de colaboración con la Fiscalía, y fue el propio hijo de Gustavo Petro el que acabó levantando un muro de contención entre ambos, señalando que el dirigente no sabía nada de los fondos recibidos de manos de las citadas personas.