Operación Louvre: hachís en vehículos militares entre Almería, Melilla y Canarias

La Audiencia Nacional acogerá el juicio contra los 23 acusados / La organización contaba con un guardia civil para darle ‘soplos’ / La defensa de los cabecillas, a cargo de Félix Fernández, solicita su absolución
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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acogerá próximamente el juicio contra 23 acusados de formar parte de una gran organización de tráfico de hachís a gran escala entre Andalucía, Melilla y las Islas Canarias.

La Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional solicita hasta 8 años de prisión para los acusados de introducir 16, 162 y 83 kilogramos de resina de cannabis en tres operaciones distintas a través del envío camuflado en caletas de automóviles que preparaban para tales envíos.

Según la fiscalía de la Audiencia Nacional, la organización criminal se valió de un vehículo militar perteneciente a la compañía motorizada de La Legión del acuartelamiento de Melilla y a la base militar de Viator (Almería) para la introducción de 62 kilogramos de hachís.

Igualmente, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, la organización se valía de un Guardia Civil con destino en el departamento de seguridad del puerto de Melilla quien proporcionaba información a los acusados sobre investigaciones llevadas a cabo por el citado cuerpo.

Según el grupo de drogas y delincuencia organizada de la Guardia Civil, los acusados organizaron un envío de hachís desde Marruecos hasta Tenerife, alijo que posteriormente fue enviado a través de una empresa de paquetería a otros acusados en la península. Del seguimiento efectuado se localizaron en el interior de un trastero un total de 162 kilogramos de resina de cannabis.

Igualmente, se investigó a una mujer residente en Melilla por presuntamente encargarse de blanqueo de capitales por introducir al mercado los beneficios ilícitos obtenidos por la organización.

La Defensa penal de los líderes de la organización es ejercida por el abogado penalista Granada Félix Fernández, el cual ha solicitado la absolución de sus clientes por no existir indicios de criminalidad contra los mismos y por vulnerarse su derecho al secreto de las comunicaciones por las intervenciones telefónicas efectuadas en la causa.

Un alijo de hachís reciente / Mossos
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