En 2016, una operación encubierta efectuada de forma conjunta por la Guardia Civil y la Policía Nacional acabó con la interceptación de dos contenedores con cocaína, uno en el puerto de Algeciras y un segundo en los Emiratos Árabes, y la desarticulación de una red criminal internacional con varios gallegos entre los investigados (el más famoso, el conocido Luciano Núñez, alias ‘Lucky Luciano’, ya fallecido). Todos los procesados (gallegos y de otros puntos de España y también colombianos) fueron juzgados y condenados en 2021. Todos salvo Christian Mulder, holandés de nacimiento, colombiano de nacionalidad.
Fugado de la Justicia en su momento, compareció la semana pasada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra para intentar defender su posición en hechos que le sitúan en la cúspide del entramado, como «financiador», en palabras de la acusación. Su letrado pone sobre la mesa sus empresas lícitas para mantener el elevado tren de vida que aparentaba, haciendo uso de potentísimos vehículos que, según trascendió, «ponía a 200 kilómetros por hora en Madrid en cuanto tenía la ocasión».
La vista oral, prevista para toda esta semana en el Pazo de Xustiza de Pontevedra, se inició con la entrega de documentación por parte del abogado de Mulder, Alberto Gallego, cuyo contenido no quiso desvelar, pero que, según pudo saber este periódico, tendría que ver con las ocupaciones lícitas del acusado que motivarían sus importantes recursos y sus viajes a distintos países en los que, según la acusación, gestionaba los alijos de cocaína. Pidió el letrado que su patrocinado declare en último lugar, tras la práctica del resto de interrogatorios, a lo que accedió el presidente del tribunal, Xosé Xoán Barreiro Prado.
De ese modo, intervinieron en primer lugar dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que explicaron las «extremas medidas de seguridad» que adoptaba el investigado en sus movimientos, en este caso en Madrid. A continuación tuvo lugar el elemento central de la primera sesión del juicio, la declaración del capitán de la Guardia Civil encargado de
instruir las diligencias. «Los investigados trataban de corromper a un agente para introducir cocaína a través de Algeciras. Identificamos a los partícipes y a través de ellos llegamos a Mulder», declaró. El capitán señaló que el colombiano-holandés apareció por vez primera en la investigación el 18 de febrero de 2016, cuando dos de los investigados se reunieron en la provincia de Pontevedra e, inmediatamente, se trasladaron a su domicilio en Madrid. «Mantenían conversaciones en persona. Entrevistas de corta duración para hablar un tema concreto», explicó el agente. La defensa insistió en que no hay conversación alguna que le incrimine. Pero sí otros indicios, como mantuvo el instructor, como su coincidencia en viajes a Cali con otros investigados y sus encuentros ipso facto cuando regresaban a Madrid. «Era casi imposible su seguimiento. A altas velocidades no se puede seguir a nadie sin poner en riesgo a las personas», añadió el testigo.
Otro indicio de peso, según la acusación, fue un viaje que hicieron a Pontevedra, Mulder en avión y sus presuntos socios en coche, para reunirse en casa de uno de ellos en Baiona y regresar a las pocas horas. «Tenían medios cifrados para comunicarse», añadió el guardia civil. Ya en la fase final de la operación, los agentes acreditan otros dos viajes de Mulder, uno a Dubái «siguiendo el curso de un contenedor» con mochilas de cocaína que sería incautado allí, y «cuando volvió llegó el contenedor de Algeciras», 413 kilos de cocaína. «Vimos que era Mulder el que contactaba con los colombianos», apuntó el investigador, que señala a Rafael, uno de los condenados, como la persona que hacía de nexo entre gallegos, colombianos y presunto financiador de las operaciones.
La defensa puso de manifiesto la presencia de negocios lícitos, como uno de venta de gafas Red Bull, al tiempo que preguntó si en realidad no estarían investigando a su patrocinado por un supuesto intento de envío de 60.000
kilos de hachís hacia Holanda. Expuso también viajes empresariales a Irán desde Dubái para justificar el viaje en el que le atribuyen la vigilancia del citado alijo. «Para nosotros es la figura de mayor relevancia de los investigados. En
una operación de cocaína no hay transferencias, cada uno tiene su función, y cuando este hombre regresa de Cali se activa toda la operación», concluyó el instructor del caso.
El juicio se extendió durante toda la semana con comparecencias de distintos testigos, entre ellos el resto de condenados en la operación, bautizada Bodeguilla. Ninguno de ellos, ni los que testificaron de forma presencial ni los que lo hicieron a distancia por hallarse aún en prisión por estos hechos, ofrecieron demasiados detalles acerca de su relación con el investigado.
El fiscal jefe, Pablo Varela, solicita que sea condenado a penas que suman once años de cárcel por un delito contra la salud pública y uno más de integración en grupo criminal. El juicio continuará el próximo día 27 de septiembre.
