Los Carabinieri de la Unidad de Investigación de Nápoles y de la Compañía Napoli Centro y la Policía Estatal de Nápoles, por delegación del Fiscal Público en funciones de la ciudad del Sur de Italia, llevaron a cabo en la mañana de este lunes, en la zona del Barrio Español de la capital napolitana, una orden de prisión preventiva contra 53 personas, sospechosas graves, por diversas razones, de delitos de asociación de tipo mafioso, asociación destinada al narcotráfico y tráfico de estupefacientes, extorsión, recepción de bienes robados y tenencia y portación ilegal de armas de fuego. Se trata de los tres grandes clanes familiares que dominaban un popular sector de la ciudad.
La disposición en cuestión resume los resultados de varias investigaciones realizadas entre 2018 y 2020, que documentaron la existencia y mafia, armada, estructurada en algunos grupos criminales que operan en la zona central de la capital y, en particular, en los denominados Barrios Españoles de Nápoles, manteniendo relaciones de cooperación con las más potentes asociaciones Mazzarella y Contini.
La primera de las asociaciones investigadas es la encabezada por Eduardo Saltalamacchia, Vincenzo Masiello y Antonio Esposito, dedicadas a actividades de extorsión, especialmente contra comerciantes y administradores de plazas de narcomenudeo, al control y manejo de la venta al por menor de drogas, especialmente en las áreas denominadas Pignasecca, Largo Baracche y Speranzella, y cualquier otra actividad encaminada a controlar el territorio. En particular, Saltalamacchia ha recuperado el control del área de Pignasecca, junto con Esposito y Masiello, operando en las áreas de Speranzella y Largo Baracche después de su liberación en diciembre de 2019.
La actividad investigativa también documentó la existencia y funcionamiento de un grupo delictivo encabezado por el delincuente Carmine Furgiero, alias “o’pop”, y su hijo Luigi, dedicado a un floreciente narcotráfico en la zona de vico Canale en Taverna Penta, que por años ha venido subvencionando a los clanes del hampa de los Distritos, recibiendo apoyo y ayuda de estos últimos en caso de ser necesario.
Las investigaciones también han reconstruido a través de las imágenes de los sistemas de videovigilancia la frenética actividad de venta al por menor de estupefacientes que se desarrollaba en la infame plaza del contrabando, coincidiendo precisamente con los lugares donde se ubican las viviendas de la familia Furgiero. También se ha demostrado que el mismo grupo delictivo se valió de numerosos camellos que, tras contactos telefónicos, entregaban las dosis de droga a domicilio, directamente en los domicilios de los clientes o en lugares concertados con ellos.
Precisamente en ese lugar, el 18 de mayo de 2020 los narcotraficantes allí presentes fueron tiroteados y respondieron a integrantes de un grupo delictivo contrario que pretendía hacer valer el dominio sobre la zona, imponiéndoles el pago de la extorsión y el soborno.
El calado delictivo de la sociedad en cuestión ha sido probado por la reconstrucción del episodio mencionado en el que, tras una disputa, algunos de los sospechosos, apoyados por el grupo delictivo dirigido por Saltalamcchia, Esposito y Masiello, se enzarzaron en un tiroteo con pistolas y ametralladoras, por lo que algunos de ellos también resultaron heridos.
Además, surgieron elementos circunstanciales significativos sobre la existencia, en pleno Barrio Español, de otra asociación presidida por la familia Masiello, encabezada por Antonio, alias “o’nu”, y su hijo Vincenzo, alias “o’cuckoo”, también capaz de manejar un próspero negocio de tráfico y tráfico de drogas, además de tener la disponibilidad de armas de fuego.
La plaza estaba controlada militarmente las 24 horas del día por vigías, que se alternaban en base a turnos preestablecidos. La droga estaba retenida y empaquetada dentro de un edificio ubicado en Vico Teatro Nuovo. Las transferencias se realizaban mediante cestas bajadas desde las ventanas o permitiendo el acceso al comprador acompañado: en este último caso, al cerrarse la puerta de acceso desde el interior, las llaves se arrojaban al exterior.
Además, en caso de incautación de droga por parte de las Fuerzas Armadas, el cliente, previa presentación del informe de incautación y la consiguiente disputa administrativa, obtenía una nueva dosis de droga de forma gratuita: con ello, la organización compraba el silencio de la comprador, fidelizándolo.
La disposición implementada es una medida cautelar, ordenada durante las averiguaciones previas, contra la cual se admite recurso de apelación, y los destinatarios de la misma son personas sujetas a investigación y, como tales, presuntamente inocentes hasta la sentencia firme.
