A finales de 2016, una investigación de la Drug Enforcement Administration (DEA) descubría un nuevo negocio narcocriminal entretejido entre narcotraficantes colombianos y sus socios en Galicia. La agencia estaounidense contactó con sus compañeros del Greco de la Comisaría de Pontevedra para informarles del próximo viaje de destacados miembros del clan de Los Boyacos, organización dedicada al tráfico de cocaína que pretendía hacerse fuerte en España, mediante la introducción de un gran alijo por vía marítima a través de las Rías Baixas. Los agentes dependientes de la Brigada Central de Estupefacientes iniciaron así las pesquisas sobre la célula delictiva, recopilando indicios de que sus intenciones eran justamente las que señalaba la DEA en su comunicado inicial. Daniel ‘El Loco’ Barrera, histórico narcotraficante colombiano, habría dado la orden desde prisión de “inundar Europa con cocaína”. Para ello habría puesto sus esperanzas, entre otras personas que no pudieron ser identificadas, en Julio Peñaranda, considerado en su país uno de sus herederos en el negocio criminal.
Avanzando en las pesquisas, Estados Unidos consiguió intervenir el alijo, algo más de dos toneladas de polvo blanco sudamericano, que iba a ser introducido en España. En ese momento comenzó a gestarse una gran operación encubierta que comenzó al otro lado del Atlántico y culminó en el aparcamiento del supermercado Lidl de la avenida de Vigo de Pontevedra, donde el jefe del citado cártel en España, Julio Peñaranda, fue detenido en un episodio narrado en su día en primicia en páginas de este periódico, cuando se hacía cargo de un alijo que, tras una espectacular operación bilateral, le habían hecho llegar los infiltrados que la Policía había conseguido introducir en el entramado criminal.
Los agentes del Greco efectuaron numerosísimos seguimientos a los investigados (15 de ellos han sido condenados) en sus constantes movimientos entre Madrid y Galicia. Distintos puntos en la ciudad de Vigo, destacando el centro comercial A Laxe o El Corte Inglés, fueron lugares en los que los policías consiguieron acreditar citas entre ellos, así como otros en el entorno de Santiago de Compostela y de Padrón, e incluso en el corazón de O Salnés, todo ello en el Noroeste de España. Todos esos encuentros, según detalla la sentencia que acaba de hacer pública la Audiencia Nacional, tenían por objeto organizar la recepción del alijo (no supieron que había sido incautado hasta que lo recibieron) y buscar clientes para su posterior distribución en el territorio.
El empleo de vehículos de alquiler y los nombres en clave de los principales investigados dificultaban los seguimientos que, sin embargo, acabaron por llegar a buen puerto y permitir la detención del citado Peñaranda, alias El Loco, y de su principal socio, Ronal Alfredo Roa, El Mono.
La sentencia explica que en cumplimiento del auto de entrega vigilada dictado por el Juzgado de Instrucción 4 de Vigo que dirigía Juan Carlos Carballal, “la droga incautada por las autoridades norteamericanas se trasladó desde las dependencias de la DEA al aeropuerto internacional de Miami y de ahí hasta España, llegando al aeropuerto de Madrid- Barajas el día 24 de enero”. Una vez en España, la cocaína fue pesada, precintada y controlada en todo momento por un agente especial de la DEA desplazado en Pontevedra y dos más del Greco Galicia, que la trasladaron hasta las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Galicia en A Coruña. Allí se preparó en varios vehículos para su entrega controlada, un procedimiento que sirvió para identificar plenamente a muchas de las personas que se habían concertado para organizar el narcotransporte y a algunas que iban a trabajar para su distribución.
El día 16 de febrero de 2017, cuando los investigados tenían conocimiento de que la droga ya se encontraba en España, comenzaron a dar las instrucciones precisas para informar a todos los componentes de la organización de tal hecho y comenzar a organizar su recogida y posterior distribución. Todo ello quedó acreditado a través de llamadas y mensajes intervenidos en su momento. La rama de la organización dirigida por Peñaranda se haría cargo de 1.000 kilogramos de cocaína distribuidos en 50 fardos de 20 kilogramos cada uno, mientras que la rama dirigida por Roa se haría cargo de los 53 fardos con franja azul, que contenían 20 paquetes de un kilogramo, más otro fardo de once kilogramos y otro de 31 kilogramos, que harían un total de 1.102 kilogramos.
Sobre las 19.30 horas del 27 de febrero, uno de los agentes encubiertos contactó con Peñaranda a través de un wasap en el que le indicó que los vehículos con la droga se encontraban estacionados y cargados en el párking del Lidl de la avenida de Vigo de Pontevedra. El representante de Los Boyacos respondió que estaría allí sobre las 21.15 horas. Efectivamente, esa tarde Peñaranda, su esposa Ingrid (también condenada) y su lugarteniente Sergio Higuita salieron en un Audi A-3 y contactaron con Guillermo Tovar, al que le iba a proporcionar esa partida de droga, quien, a su vez, contactó con su socio, Luis Mario Ballesteros. Todos ellos se subieron al Audi junto a El Corte Inglés de Vigo y se dirigieron hasta Pontevedra, “donde dieron vueltas de seguridad para dirigirse finalmente al aparcamiento del establecimiento Lidl”, explica el dictamen, donde estacionaron al lado de los vehículos que le había indicado el agente encubierto. En cumplimiento de lo acordado, el infiltrado se personó en el Lidl, y se encontró con Peñaranda, coincidiendo ambos frente a la sección de frutería. Allí el agente le entregó las llaves de los coches. Al salir del centro comercial fueron detenidos los cinco sospechosos en un episodio que llamó la atención a todos los presentes, dado el despliegue policial necesario para evita riesgos. El resto de acusados fueron arrestados en distintos puntos, y todos ellos han sido juzgados y condenados.
Con todo, Peñaranda no se ha llevado la pena más elevada, pues ha sido condenado a ocho años de cárcel. Se le ha aplicado la atenuante de confesión tardía después de que llegara a un acuerdo con la Fiscalía. Para Roa, la pena asciende a los diez años de prisión. Para otro de los detenidos en Pontevedra, Sergio Higuita, que también acabó confesando, la pena es de cuatro años y seis meses. Las penas para los 15 condenados oscilan entre el año y medio y los doce años de prisión.
La operación fue uno de los primeros indicios de la gran escalada de alijos de cocaína entre Sudamérica y Europa que sigue plenamente vigente en la actualidad.
