La Dirección de Investigación Antimafia, una rama del Departamento de Seguridad Pública, y el Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Reggio Calabria, coordinados por la Oficina del Fiscal de Distrito Antimafia local, dirigida por el Dr. Giovanni Bombardieri, han implementado una disposición con la cual el Tribunal de Reggio Calabria ha ordenado la aplicación de la medida de prevención de la administración judicial contra una sociedad anónima con sede en la ciudad de Catania, propietaria de la cadena de supermercados Eurospin, intervenida por actividades mafiosas.
De hecho, la construcción y renovación de algunos puntos de venta en la ciudad y en la provincia de la capital de Reggio se habrían realizado a través de empresas, formalmente registradas a nombre de nominatarios, pero, de hecho, administradas por empresarios contiguos a la delincuencia mafiosa local, favoreciendo también indirectamente el enriquecimiento de los consorcios criminales. En este contexto, habría trascendido que la infiltración mafiosa habría condicionado fuertemente las decisiones corporativas de la empresa cliente.
Por tanto, el Tribunal, en el estado del procedimiento y sin perjuicio de futuras valoraciones sobre el fondo, al haber constatado la existencia de elementos suficientes para creer que la actividad desarrollada en la gestión de la empresa, aunque con negligencia, ha facilitado a los empresarios que operaban en el interés de la ‘Ndrangheta, ha ordenado la administración judicial por un período de un año, con el fin de frenar la contaminación mafiosa.
La actividad de servicio bajo revisión atestigua, una vez más, la gran atención de la Fiscalía-Dirección Distrital Antimafia de Reggio Calabria, de la DIA y de la Guardia di Finanza de Reggio Calabria, que continúa dirigiéndose a la lucha contra la delincuencia económica y organizada con el fin de interceptar y reprimir cualquier forma de contaminación de la economía legal para salvaguardar a los operadores económicos y ciudadanos honestos, con la intención de restablecer niveles adecuados de legalidad, transparencia y seguridad pública.
