Agentes de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) del Área de Investigación Criminal de la Región Policial Central, conjuntamente con agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana y han detenido a trece personas, a las que se atribuyen los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública en la vertiente de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.
De estas trece detenciones, siete se dejaron sin efecto y el resto, cinco varones y una mujer de entre 22 y 41 años, pasaron a disposición judicial y quedaron en libertad con cargos y medidas cautelares.
La investigación surgió a raíz de una información obtenida del Caso Alba, una investigación del mes de junio de 2022, donde se desmantelaron 24 plantaciones que producían 1.275 kg de marihuana al año con un precio de venta en el mercado ilícito al mayor de más de 3.000.000 de euros. Los investigadores consiguieron indicios de la actividad criminal de una de las personas relacionadas con el grupo desarticulado en Solsona y este hecho les condujo a ese grupo.
Los distintos miembros de este grupo conformaban varios entramados con carácter estable y realizaban tareas perfectamente diferenciadas que les otorgaba un alto grado de especialización en sus funciones. No disponían de otra fuente de ingresos fuera de la actividad criminal y entre los seis detenidos que pasaron a disposición judicial, sólo el jefe de la organización tenía antecedentes policiales.
Uno de los miembros del grupo ejercía como líder y dirigía la actividad criminal de toda la organización. Se encargaba de aportar el capital económico necesario para la adquisición o alquiler de inmuebles y adecuaba los espacios e instalaciones necesarios para su cultivo. Por otro lado, el líder del grupo, que gestionaba también sus propias plantaciones, facilitaba material, espacios, logística y apoyo financiero a otros miembros del mismo entramado y otras personas fuera del grupo, a cambio de una remuneración económica puntual. También planificaba y ejecutaba los transportes de la droga por carretera hasta Francia.
Justo por debajo se encontraban una serie de personas que realizaban otras funciones de carácter más secundario o subordinadas a la estrategia de la organización. Uno de los investigados, que gestionaba también varias plantaciones, destacaba por su alto grado de conocimiento en el proceso de cultivo de la marihuana y era el encargado de atender a las plantaciones cuando tenían problemas de productividad. El resto de miembros del grupo gestionaban otras plantaciones de la organización y también ayudaban en el transporte de la droga con vehículos además de gestionar la contabilidad.
El grupo, que operaba principalmente desde las comarcas de la Selva y el Gironès, hacía transportes regulares de marihuana por carretera con destino a Lyon y Montpellier, aunque el destino final de parte de la droga que llegaba a Francia podía terminar también en otros países del centro de Europa. Sin embargo, la organización también surtía de droga a vendedores locales.
Los viajes eran un momento clave en la logística de la organización y sus miembros tomaban muchas precauciones. Los envíos se preparaban con mucho cuidado, tanto por parte del líder de la organización como por su lugarteniente. Utilizaban dos vehículos, uno como avanzadilla, que informaba de todos los posibles imprevistos que podían surgir, y otro, que circulaba unos kilómetros por detrás, que era el que transportaba la droga.
La organización tomaba muchas medidas de vigilancia y autoprotección. Con el fin de levantar menos sospechas durante los desplazamientos, disponían de varios vehículos con los que hacían contra vigilancias para detectar una eventual presencia policial. También utilizaban una gran cantidad de teléfonos que sustituían periódicamente para dificultar la labor policial y la posible localización de las plantaciones.
El 15 de febrero, después de haber obtenido suficientes indicios de la actividad criminal de los miembros del grupo, el equipo conjunto de investigación formado por ambos cuerpos, con la colaboración de la Policía Local de Maçanet de la Selva, va llevar a cabo la explotación del caso e hizo nueve entradas y pesquisas, tanto en domicilios como plantaciones interiores, ubicadas en los municipios de Maçanet de la Selva, Sils, Sant Martí de Llémena y Olot.
Se intervinieron más de once kilos de cogollos de marihuana con un valor en el mercado ilícito de 72.400 euros, 925 gramos de hachís valorado en 31.000 euros y 25 gramos de cocaína valorados en 1.500 euros. También se intervino cerca de 30.000 euros en metálico y cerca de 3.000 plantas de marihuana en diferentes estadios de floración y crecimiento. Los técnicos de la empresa suministro eléctrico estimaron en unos 235.000 euros el estudio de la defraudación de fluido eléctrico en las plantaciones.
El pasado 17 de febrero los seis detenidos pasaron a disposición judicial y quedaron en libertad con cargos y medidas cautelares.
