Gran golpe a la Mafia Albanesa de la marihuana en Mataró

Detienen a once personas, entre ellas las tres supuestas líderes de la célula narcocriminal / La Ley española les deja en libertad a la espera de juicio / Se incautaron 4.000 plantas en varios enclaves y más de 220.000 euros en efectivo
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Agentes de la Policía de la Generalitat-Mossos de Esquadra de la Unidad de Investigación de Mataró (Cataluña, España) y efectivos de la División de Investigación Criminal (DIC), conjuntamente con agentes del Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional de las comisarías de Mataró, Cornellà de Llobregat y Sant Adrià de Besòs, han desarticulado un grupo criminal que cultivaba marihuana en casas y naves industriales. Se han detenido a once personas, entre ellas los presuntos cabecillas de la Mafia Albanesa, a las que se les atribuye pertenencia a grupo criminal, delitos contra la salud pública, en su vertiente de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico, falsedad de documento público, usurpación del estado civil y tenencia armas y explosivos.

El 24 de enero se llevó a cabo la explotación del caso donde se detuvieron a once personas y se realizaron diez entradas y pesquisas en las localidades de Mataró, Cabrils, Sant Adrià de Besòs, Sant Antoni de Vilamajor Sant Antoni de Llavaneres, Riells y Viabrea y Vallirana.

Durante los registros se intervinieron más de 97 kilos de cogollos de marihuana, cerca de 4.000 plantas en proceso de crecimiento, 223.495 euros en metálico, un arma de fuego y un machete, entre otros objetos de interés para la investigación.

El grupo estaba distribuido de forma jerárquica y establecía un mismo patrón de actuación en su actividad delictiva y la única fuente de ingresos conocida era la que provenía de la venta de la marihuana producida. Los miembros del grupo criminal alquilaban, de forma aparentemente legal, inmuebles de unas mismas características: casas a cuatro vientos en urbanizaciones tranquilas y construidas para gente con alto poder adquisitivo.

Una de las plantaciones / Mossos

Para poder tramitar el alquiler de las futuras plantaciones interiores de marihuana establecían diversas estrategias, o lo hacían a través de identidades falsas, a través de documentación de terceras personas, sin antecedentes ni implicación directa con el grupo o directamente falsificando los documentos públicos necesarios para llevar a cabo el contrato de alquiler.

Una vez en posesión de la vivienda, una o más personas se encargaban de poner en marcha la plantación: realizaban la conexión fraudulenta a la red eléctrica y participaban en el proceso de cultivo, secado y preparación de la marihuana para su distribución . Por otra parte, las protegían frente a eventuales robos por parte de otros grupos u organizaciones. Los investigadores han podido determinar que el destino final de la marihuana eran países del centro de Europa, donde podía duplicarse o triplicarse el precio sede de venta al consumidor.

Los registros / Mossos

Dos de los detenidos eran los encargados de mantener el control de los “jardineros”, les suministraban el material necesario para las plantaciones, así como productos y víveres para que a las personas que se encargaban de las plantaciones no necesitaran salir de los domicilios. Los “jardineros” eran personas extranjeras que acababan de llegar a Catalunya, carecían de antecedentes policiales y no entendían ni hablaban catalán ni castellano. Acostumbraban a ser captados en Albania, su país de origen por los jefes del grupo criminal, viajaban hasta Cataluña con el pasaporte y obtenían un visado de turista con un límite de 90 días, que era el tiempo que acostumbraban a llevar a cabo la labor de jardineros , para después regresar a su país. Vivían en las mismas plantaciones en condiciones insalubres y dormían en colchones que se localizaron esparcidos por el suelo rodeados de la suciedad que se generaba en la plantación. La dependencia de los jefes de la organización era absoluta, puesto que no disponían de vehículos y ni siquiera de dinero en efectivo.

El dispositivo / Mossos

En relación con los jefes del grupo criminal, a dos no les constan antecedentes policiales, mientras que a otro, el mismo al que se le intervino el arma de fuego en su domicilio, le consta uno por homicidio doloso. Gran parte del material para poner en marcha y mantener productivas cuyas plantaciones se adquiriría desde una misma tienda grow shop de la localidad de Mataró.

El 24 de enero, obtenidos todos los indicios de participación en el delito, se realizó una explotación conjunta por parte de los dos cuerpos policiales, en la que se detuvieron a once personas. Tres de éstas formarían parte de la cúpula del grupo y el resto tendrían el rol de jardineros y cuidadores de las plantaciones. Una vez declararon en sede policial, la detención de los jardineros se dejó sin efecto, a la espera de comparecer ante la autoridad judicial.

Seis de las diez entradas y pesquisas fueron en plantaciones indoor de marihuana, donde se intervinieron más de 97 kg de cogollos de marihuana, cerca de 4.000 plantas en diferentes estados de crecimiento, 223.495 euros en metálico, un arma de fuego municionada y con el número de serie borrado y un machete. Aparte, se pudo intervenir diversa documentación falsa, y otra que pertenecía a terceras personas sin relación con la investigación, otros documentos relacionados con la investigación y llaves de vehículos y una gran cantidad de teléfonos móviles. El pasado 26 de enero pasaron a disposición del Ilustre Juzgado de Instrucción número 2 de Mataró que decretó libertad con cargos y medidas cautelares.

En cuanto las organizaciones y grupos criminales se asientan en Cataluña para poner en marcha negocios ilícitos relacionados con la marihuana, el factor clave es el lugar donde cultivar. En el caso de las plantaciones interiores es necesario un espacio con unas determinadas condiciones para que puedan desarrollar el negocio de la forma más productiva posible.

En un primer estadio, las organizaciones ocupaban espacios, casas en urbanizaciones o alejadas del centro de las poblaciones. En este caso, lo que buscan estos grupos es maximizar el beneficio del negocio ilícito en base a la reducción de costes. Esta gestión provoca que cuando los propietarios del inmueble o vecinos de la zona detectan la ocupación, resulta más fácil a los cuerpos policiales iniciar investigaciones y desmantelar las plantaciones.

En un segundo estadio, los propios productores de marihuana optan por legalizar la adquisición de los inmuebles, ya sea con documentación real, a través de terceras personas o bien con documentación falsa, como en este caso. A través de estos alquileres, aunque de inicio les resulta más costoso, se evitan los problemas que surgen del empleo, rentabilizando más el beneficio en base al aumento el tiempo de estancia en estos domicilios, que producirán mucha más droga, antes de que las unidades de investigación desmantelen las plantaciones de marihuana.

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