Se acerca el día en el que el caso ‘Paul Wouter’, sobrenombre que a día de hoy sigue empleando en España el Mayor Carvalho, avance hacia su desenlace por la vía judicial. El considerado mayor capo de la cocaína operativo entre Brasil y Europa, con cientos de miles de kilos de droga transportados a cargo de su organización, ha sido llamado a comparecer ante el juzgado de Málaga que, a instancias de la Fiscalía Antidroga de Pontevedra (Galicia, España), investiga su falsa muerte con la que consiguió engañar a la Audiencia Provincial.
Sergio Roberto de Carvalho, que fue detenido el verano pasado en Budapest (donde continúa recluido) tras ser objeto de una búsqueda internacional, se libró del juicio por el caso del Titán III, alijo de 1,7 toneladas de cocaína intervenido en dirección a Galicia y por el que pagaron, y mucho, sus presuntos socios de las Rías Baixas, con nombres muy conocidos en el negocio como Jacinto Santos Viñas. Cuando restan pocas semanas para la fecha marcada para su comparecencia (y la del resto de imputados por la falsa muerte), se desconoce si la Justicia española conseguirá el traslado vía presencial o si declarará mediante algún sistema de videoconferencia desde Hungría, donde se halla a la espera de una posible extradición a España, Bélgica o Brasil, países que pugnan por juzgarle lo antes posible.
Alias Paul Wouter saltó a la fama tras ser detenido en alianza con narcos gallegos en la operación Barranca-Bermeja de la Policía Nacional. Poco después volvería a sobresalir tras ser puesto en libertad bajo fianza pese a ser considerado el cabecilla de una gran red internacional dedicada al tráfico de cocaína. Pero su movimiento más destacado llegaría después, al fingir su muerte pagando, presuntamente, a un médico y a personal funerario de Marbella, donde residía, para evitar ser juzgado en el citado proceso de España. Los tribunales españoles (la Audiencia Provincial de Pontevedra) dieron por buena su muerte, que incluía la incineración de un cadáver real que no era el suyo. Todo ese tejemaneje será investigado a partir del 13 de febrero, fecha prevista para la comparecencia del médico y de los funerarios que presuntamente cooperaron en el engaño.
En el impás entre la falsa muerte y su arresto en Hungría, el capo aprovechó para fugarse dejando atrás 12 millones de euros en efectivo que fueron incautados por Europol. Tras un periplo por varios países en el que fue situado en Ucrania, en Centroamérica, en Dubái en Turquía y con la policía de medio mundo tras sus huellas, pues se le acusa de introducir unas 50 toneladas de cocaína en Europa por distintas vías, acabó detenido en un terraza de Budapest, donde permanece detenido a la espera de una decisión sobre su extradición, que podría ser a España, pero también a su país de origen o incluso a Bélgica, que también le reclama.
El día 13 comparecerá el Mayor Carvalho (llamado así por su pasado en la Policía Militar de Brasil, etapa por la que acaba de ganar en los tribunales una importante suma de dinero en concepto de atrasos que debe serle abonada), pero también lo hará Pedro José M.M., médico especialista en estética acusado de certificar su muerte, José María G.D y Rafael O.P. empleado y administrador de la funeraria que procedieron al presunto traslado e incineración de un cuerpo que, según las pesquisas, no era el de Wouter. Está igualmente citado Francisco Jesús P.M., persona próxima al capo y que testificó de forma contradictoria sobre lo ocurrido a preguntas de los investigadores de la Policía Nacional: primero dijo que había llamado a los servicios médicos porque Carvalho se encontraba mal, antes de su supuesta muerte. Cuando supo que el Greco confirmó que ningún servicio médico había acudido a su domicilio, declaró que se había encontrado muerto en el sofá. Ninguno de sus argumentos convenció a nadie.
De las distintas tomas de declaración efectuadas por la Policía se supo que dentro del féretro que fue trasladado había un cadáver real que habría sido utilizado para otorgar verosimilitud al engaño. También que los funerarios no efectuaron comprobación alguna. Por todo ello, la Brigada Central de Estupefacientes desde sus sedes de Pontevedra y Málaga opina que los individuos que comparecerán ante le juez actuaron «por un precio» para elaborar ad hoc el certificado de defunción para el capo de la cocaína.
Un comentario