Descubren a los financiadores del asesinato del fiscal antidroga Pecci en Cartagena

Los sospechosos son dos hermanos que reconocieron los hechos y que fueron detenidos en Medellín
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Luego de valorar los elementos de prueba y las evidencias presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, por su posible participación en el homicidio del fiscal de Paraguay Marcelo Daniel Pecci Albertini.

Los dos hombres estarían involucrados en la planeación, financiación y logística del crimen. La investigación da cuenta de que retiraron una importante suma de dinero y, presuntamente, la usaron para pagar a los sicarios que dispararon contra el funcionario judicial, el 10 de mayo de 2022, en una playa de Isla Barú, en Cartagena (Bolívar).

Como se recordará, el fiscal llevaba directamente varias investigaciones contra algunas de las mafias de la droga más importantes de Sudamérica cuando, en plena luna de miel, fue tiroteado por sicarios que llegaron a su lugar de vacaciones en moto de agua. 

Los detenidos / Fiscalía

Asimismo, se estableció que, al parecer, sostuvieron varias reuniones con otros involucrados en el homicidio para proveerlos de insumos y ultimar detalles. Para asistir a estos encuentros habrían utilizado una camioneta gris, la cual fue encontrada durante los procedimientos de captura realizados por investigadores del CTI y de la Policía Nacional.

Por estos hechos, un fiscal delegado ante el tribunal con asignación especial imputó a los hermanos Pérez Hoyos los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones agravado. Los procesados aceptaron los cargos.

Durante la audiencia de control de garantías, la Fiscalía señaló que Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, que fueron detenidos en Medellín, harían parte de una organización delincuencial de alcance trasnacional, que tendría sus bases en Paraguay, por lo que resulta necesaria la privación de la libertad para evitar la posible salida del país y garantizar su comparecencia ante la justicia.

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