La Guardia Civil ha detenido a dos guardas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por permitir la extracción ilegal de aguas en el río Guadalquivir en período de sequía. Además se han investigado a seis empresarios que abonaban a estos guardas suculentas compesaciones económicas por facilitar estas irregularidades en el uso del agua.
Dichas investigaciones se iniciaron cuando la Guardia Civil tuvo constancia de la falta de control en las captaciones de agua en la citada zona, tanto de aguas superficiales como subterráneas, centrándose todas las pesquisas en la presunta inacción de los guardas fluviales, encargados de la vigilancia de dicha zona del río.
Tras una minuciosa investigación llevada a cabo por los agentes del SEPRONA, apoyados con medios técnicos de última generación, junto con un riguroso análisis documental de toda la información y obtención de diversas evidencias, se pudo centrar el foco de la misma en dos guardas perteneciente al Servicio de Guardería Fluvial de la Confederación. Estos, en el ejercicio de sus funciones, estarían falseando las actas de las inspección ordenadas por el Organismo de Cuenca, avisando además con anterioridad a la empresa que iba a ser inspeccionada, facilitando de este modo la retirada de cualquier elemento prohibido que se estuviera utilizando en la extracción no autorizada de agua del río Guadalquivir.
Las inspecciones se centraban en importantes empresas agrícolas dedicadas principalmente al sector del cítrico, consistiendo el modus-operandi para la comisión de este tipo de actividades penalmente ilícitas en la alteración de los contadores volumétricos que controlan la cantidad de metros cúbicos de agua extraídos del río para el riego de los cultivos.
Al propiciarse la imposibilidad de llevar ningún control exacto del agua extraída del río, se ha llegado a conocer que algunas empresas incrementaban hasta en cinco veces sus áreas de riegos autorizadas por dicho Organismo, convirtiendo así suelos de secano en regadío, sin la obtención de ninguna autorización por parte de las administraciones competentes al respecto.
Este uso irregular del agua, agravado por el período de sequía que actualmente está atravesando la zona donde se ha focalizado la investigación, daba lugar a que en ocasiones el Organismo de Cuenca debiera derivar otras aguas hacia el río Guadalquivir, ante la necesidad de mantener el caudal ecológico del mismo, con el consiguiente perjuicio al resto de consumidores. A cambio de todas las actividades ilícitas realizadas, los guardas fluviales obtenían cuantiosas compensaciones económicas, además de dadivas consistentes en cantidades ingentes de productos recogidos en la cosecha y de los cultivos regados, aprovechando incluso sus vehículos oficiales para realizar la carga de los mismos.
También se ha llegado a detectar en el transcurso de la investigación, cómo los guardas detenidos disfrutaban en alguna ocasión sus vacaciones en residencias propiedad de los empresarios investigados, o incluso participaban gratuitamente en actividades cinegéticas invitados por estos. Tanto a los guardas detenidos como a los empresarios investigados se les imputan diversos delitos de cohecho y falsedad documental.
