Un año más, conmemoramos el Día Internacional contra la Droga. En este día singular no podemos estar satisfechos. Nos gustaría lanzar un mensaje de optimismo, sin embargo, la situación es francamente preocupante tanto en Galicia como en el resto de España.
El consumo de drogas está desbocado -más allá de pequeñas variaciones estadísticas que nos ofrecen los distintos estudios- y totalmente banalizado, empezando por el alcohol, el rey indiscutible de las fiestas de menores y mayores.
Muchas personas consumen drogas buscando divertirse y en estos tiempos de pospandemia, guerra y crisis económica, otras muchas lo hacen para olvidar sus problemas. Sabemos que en determinados ámbitos se sigue pensando que consumir drogas es casi recomendable y además, divertido. Constatamos que en términos generales no hay una percepción del riesgo que suponen estos consumos y sus repercusiones evidentes sobre la salud física y mental de las personas, con daños que pueden ser muy severos.
Para agravar la situación, en los últimos años han cobrado auge las denominadas adicciones sin sustancia. El juego patológico junto al uso problemático de internet, videojuegos, móviles y redes sociales son algunas de las nuevas adicciones que en muchos casos están estrechamente relacionadas con el consumo de las drogas clásicas y asociadas a comportamientos peligrosos como situaciones de acoso escolar, abuso sexual y violencia de género, entre otros.
Resulta evidente que no podemos limitarnos a reflexionar, hay mucho trabajo por delante que debemos realizar juntos y de forma intensa. Personas, familias, profesionales, entidades y administraciones. Todos. La teoría ya está hecha y es tiempo de ponerla en práctica. En este punto nos encontramos con que tenemos normativas y planes de prevención que no se cumplen. Un ejemplo muy básico: ¿por qué no se interviene ante el botellón? Tenemos miles de adolescentes, muchos de ellos menores, bebiendo en la calle miles de litros de alcohol todos los fines de semana, en fiestas y conciertos… sin que nadie haga nada por evitarlo. Muchos jóvenes están desarrollando una adicción que posiblemente les acompañe toda su vida y si nadie pone remedio al despropósito, en unos años tendremos un problema de salud pública todavía mayor.
Sabemos que para reducir ciertos consumos resulta fundamental no ser excesivamente permisivos y limitar algunos comportamientos. Pongamos como ejemplo positivo la regulación antitabaco: a nadie se le ocurre hoy encender un cigarrillo dentro de una cafetería o en un centro comercial, mucho menos en un avión o en una sala de espera, escenas que eran frecuentes hace no mucho tiempo.
Otro ejemplo positivo de normativa protectora de la salud es la obligación de llevar casco o de ponerse el cinturón de seguridad… comportamientos que hoy nos parecen obvios pero que en su momento hubo que regular y hacer cumplir. En nuestra opinión, este es el camino adecuado para reducir los índices de consumo de drogas; ayudando a las personas que sufren adicciones y procurando su reintegración social, junto a una apuesta decidida por la prevención, la desnormalización del consumo y el fomento de estilos de ocio que no tengan como actividad principal el atracón de alcohol y otras drogas.
Por otra parte, desde el ámbito de la lucha contra el narcotráfico vemos la situación actual con honda preocupación. Los índices de tráfico de drogas están en los registros más altos de la historia y en España confluyen grandes rutas internacionales con destino a Europa. Así nuestro país está -literalmente- inundado de drogas, principalmente de hachís del Sur y de cocaína del otro lado del Atlántico con las costas gallegas como uno de sus destinos favoritos. Todo ello a pesar de la meritoria labor que realizan las fuerzas de seguridad, jueces y fiscales comprometidos; profesionales que trabajan con las manos atadas por una legislación tímida y garantista que en demasiadas ocasiones parece proteger más al criminal que al honrado ciudadano.
Vemos con asombro a los mismos traficantes, grandes capos que entran y salen de la cárcel con normalidad rutinaria, delinquiendo una y otra vez, traficando y amasando fortuna. A ellos se añaden bandas internacionales muy peligrosas que practican la violencia extrema como método habitual de trabajo. Criminales que ponen en riesgo la seguridad de todos, capaces de desestabilizar y amenazar un estado.
Este peligro, que en Europa veíamos tan lejos, ya está aquí: en los Países Bajos han asesinado recientemente a un periodista por informar sobre narcotráfico y su primer ministro está directamente amenazado por el crimen organizado. Es el futuro que nos espera si no reaccionamos ya. Y mientras tanto aquí, la Policía, Guardia Civil o Vigilancia Aduanera tienen que pasar un auténtico calvario para intervenir un teléfono o poner una baliza de seguimiento, sufriendo dificultades cada vez mayores para realizar su trabajo.
Instamos a nuestros gobernantes a considerar el narcotráfico y el crimen organizado como asuntos de la máxima prioridad. Para ello, las drogas y el narcotráfico deben entrar ya en la agenda política. No solo estamos ante un problema de Salud Pública; es también una amenaza directa para la Seguridad del Estado. No podemos perder más tiempo.
