La sala de lo Militar del Tribunal Supremo acaba de hacer pública la expulsión definitiva del cuerpo de la Guardia Civil del ya exagente del Equipo Contra el Crimen Organizado de Galicia (Eco Galicia) de la Unidad Central Operativa, Javier S., tras rechazar el último recurso presentado por la representación legal del antiguo operativo antidroga que, desde el corazón de la Comandancia de Pontevedra, operaba de forma clandestina para las redes del narcotráfico del Noroeste de España y, en concreto, para Juan Carlos Santórum.
Los jueces desestiman el recurso contra la resolución de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que, tras conocer la sentencia condenatoria al entonces guardia civil en la Audiencia de Pontevedra, dictó la separación del servicio (a efectos prácticos, la expulsión del cuerpo) de un funcionario que «saboteó durante al menos seis meses los trabajos de investigación del ECO en el que estaba integrado y puso en grave riesgo a sus compañeros y a los confidentes de dicho equipo», detalla Defensa, que añade que «es difícil imaginar un daño mayor a la Guardia Civil como Cuerpo de Seguridad del Estado en la persecución del delito, el grave daño a la Administración no puede ser más evidente».
La resolución ministerial señala que «entre otras gravísimas conductas, filtró a los propios investigados por narcotráfico en diversas operaciones información relevante y sensible de las actuaciones que les afectaban, frustrando su detención y facilitando su impunidad, filtró la relación de confidentes de la unidad, con todos sus datos personales, provocando un grave riesgo para su integridad, filtró información concreta que estos confidentes habían suministrado a la Guardia Civil, los datos personales y reservados de los miembros de su unidad, poniéndoles en peligro, y filtró información reservada del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (Edoa) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Pontevedra».
La sentencia de la Audiencia explica que las filtraciones partieron del ahora expulsado, que a su vez se las transmitía a Diego F., entonces en la Policía Judicial. Este era el que efectuaba, según el dictamen, el último chivatazo, facilitándole los datos a los narcos a través de Juan Carlos Santórum, ahora procesado como supuesto receptor de los casi 4.000 kilos de cocaína del mercante Karar y que saltó a la fama tras permanecer prófugo durante unos meses y entregarse a la Justicia por su propio pie. «La sala no alberga duda alguna respecto a la realidad de las filtraciones, a la fuga de información producida desde el interior de la unidad de Eco Galicia efectuada por el acusado Javier valiéndose de que formaba parte de la misma», explica el dictamen.
El proceso sirvió para ‘limpiar’ el ECO, una unidad muy eficiente en la lucha contra el narco ya no solo en Galicia, sino en el resto de España.
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