La Fiscalía General de la Nación de Colombia lideró una gigantesca ofensiva en 31 municipios del país, en la que fueron ocupados 219 bienes que habrían sido adquiridos con dineros obtenidos del tráfico trasnacional de estupefacientes, y otros destinados a esa actividad ilícita; los cuales conformarían el patrimonio de presuntos cabecillas de varias estructuras ilegales.
Ocho fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en articulación con la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, con el apoyo del CTI y la Dijin y la Sijin de la Policía Nacional; además del Ejército se desplazaron a Antioquía, Atlántico, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Huila, Caquetá, Nariño Cundinamarca, Tolima y Bogotá para hacer efectivas las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre activos avaluados en cerca de 260.000 millones de pesos (unos siete millones de dólares).
En los procedimientos fueron afectadas propiedades que pertenecerían al patrimonio ilegal de Mario Élber Garzón Escobar, alias Mario Bros, quien sería el principal articulador del ala narcotraficante del ‘Clan del Golfo’ por designación directa del extraditado máximo cabecilla de esa organización, alias Otoniel. Una sociedad que, supuestamente, estuvo al servicio de Phanor Arizabaleta Arzayús, exintegrante del ‘Cartel de Cali’, y su núcleo familiar.
Otros de los afectados fueron Ever Alexis Santander Prado, presunto intermediario entre los grupos narcotraficantes de Colombia y Ecuador, con los denominados carteles de la droga de México, así como Jaime Quintero Carvajal, quien, en 2017, regresó a Colombia tras cumplir una condena en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico. A su retorno al país, al parecer, intentó recuperar bienes por la fuerza, entre estos, lotes en Candelaria (Valle del Cauca) que aparecían a nombre de algunos de sus familiares. Una red criminal que, desde 2016, habría enviado varias toneladas de cocaína a Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, Ecuador y Estados Unidos, a través de lanchas rápidas, submarinos autopropulsados y semisumergibles.
Serían presuntos auspiciadores del tráfico de cocaína, marihuana y benzodiacepinas para las organizaciones criminales La Terraza y La Oficina y cabecillas de La Cordillera, quienes habrían adquirido predios en Pereira y Dosquebradas (Risaralda), Cauca, Valle del Cauca y Bogotá, entre 2005 y 2008.
Otro que ve afectado sus bienes es Gonzalo Santiago Barreto, condenado por el Tribunal Correccional de Luxemburgo a 10 años de prisión, en noviembre de 1994, así como Alfredo Rivas y María Esperanza González Herrera, sentenciados por la Audiencia Provincial de Madrid (España) como autores de un delito contra la salud pública por distribuir estupefacientes.
También fueron ocupados bienes de la organización Los Chacón que delinquía en la localidad de Santa Fe en Bogotá. Estas redes usaban hoteles y otros inmuebles para almacenar y comercializar estupefacientes en pequeñas cantidades y para recaudar el dinero producto del comercio ilegal de estupefacientes.
Estas acciones hacen parte de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar con contundencia las finanzas de la delincuencia, las organizaciones criminales y las redes narcotraficantes; y los distintos eslabones de esta cadena delictiva.
