Cada investigación por tráfico de drogas debería llevar aparejada una por blanqueo de capitales, si bien esto no sucede en todos los casos. En ocasiones, las autoridades policiales funden ambos procesos, de forma que sus autores son juzgados por ambos delitos a la vez. En otros casos, el lavado de activos se detecta tras la intervención policial. Eso es lo que ocurrió en unas diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción de Cádiz que, por orden del Tribunal Supremo, han sido traspasadas a otro de la provincia de Pontevedra (Galicia, España). La investigación por blanqueo de capitales en relación con personas supuestamente relacionadas con el tráfico de drogas a gran escala en las Rías Baixas se inició tras el hallazgo de 420.000 euros en efectivo en el interior de una furgoneta en la provincia andaluza, en un vehículo recién desembarcado del ferry de la compañía Transmediterránea que une las Islas Canarias con la capital gaditana.
El dinero, presuntamente procedente de negocios ilícitos relacionados con el tráfico de cocaína entre Sudamérica y España, era transportado por una mula, persona al servicio de la organización cuya misión sería su custodia y entrega a su propietario. El supuesto dueño, principal investigado, reside en el término municipal de Redondela (Pontevedra). Allí se dirigía, según las primeras pesquisas, la furgoneta con casi medio millón de euros. No era el primer viaje de ese estilo que efectuaba la citada red criminal, según se desprende de las pesquisas llevadas a cabo tras la incautación por parte de los agentes del Instituto Armado.
El Tribunal Supremo, que ordena a través de un auto que las investigaciones pasen a depender directamente del Juzgado de Instrucción 8 de Vigo, señala en su auto que de las pesquisas se desprende que los principales investigados están afincados en la provincia de Pontevedra, en primer lugar, y en A Coruña. Señalan que el dinero procedía de la isla de Las Palmas de Gran Canaria, y añaden un elemento más a tener en cuenta: si bien algunos de los investigados están afincados en las islas, lo que determinaría que allí podría instalarse un centro operativo de la red criminal (muy apropiado por su ubicación geográfica, de cara al Océano Atlántico y de frente a Sudamérica), los investigados realizaban viajes a distintos puntos. Así, se detecta presencia de los gallegos en Cádiz, Málaga, Madrid y Alicante, todos ellos puntos calientes del tráfico internacional de cocaína a gran escala.
“En Galicia se han llevado a cabo actos encaminados presuntamente a ocultar el origen ilícito del dinero. Allí reside el principal investigado”, subraya el auto. “Las principales empresas de las que son administradores los supuestos responsables están domiciliadas en Vigo y en Baiona. También las cuentas corrientes e inmuebles adquiridos por los investigados se localizan en Pontevedra”, asegura el Tribunal Supremo.
Los agentes han conseguido acreditar de forma indiciaria que se produjeron hasta tres viajes similares, todos ellos con el puerto de Cádiz como lugar de desembarco o tránsito, y todos con la provincia de Pontevedra como destino final del dinero. El transportista, domiciliado en Toledo, tendría a su compañera sentimental, también investigada, en la provincia de A Coruña.
El Supremo incide en que si bien las pesquisas partieron del hecho puntual de la interceptación de los 420.000 euros en la furgoneta, con el transcurso del tiempo se ha podido detectar toda una estructura perfectamente ensamblada para blanquear. “Las operaciones económicas que presuntamente integrarían la actividad de blanqueo no se circunscriben en exclusiva a esos viajes de vehículos. Se han detectado operaciones económicas y societarias diversas que también formarían parte de la actividad de blanqueo”.
Cuentas corrientes e inmuebles adquiridos con ese dinero procedente presuntamente del tráfico de drogas están ahora bajo lupa en un asunto que será juzgado en las salas penales de la Audiencia Provincial de Pontevedra.
