Los motores cuestan entre 30.000 y 50.000 euros cada uno, según sean Honda, Yamaha, Suzuki o Evinrude, los más utilizados por los narcos. Los anclajes, equipos de navegación y acabados añaden unos 15.000 euros más. La mano de obra del fabricante gallego y los materiales a utilizar suponen la parte más variable del presupuesto. En total, restando gastos, las mafias criminales dedicadas al negocio de las narcolanchas se embolsan entre 70.000 y 100.000 euros “limpios” por cada narcolancha que entregan a sus clientes.
Las autoridades consiguieron incautar 20 de esos bólidos marítimos en la operación de este miércoles, algunos de ellos ya ensamblados y preparados para salir al mar, incluso subidos a los camiones, y otros aún en plena fase de construcción. Más de dos millones de euros en pérdidas, pues, es el impacto económico que supuso la redada orquestada por la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera saldada con 21 detenciones en 27 registros en Galicia, Castilla y León, Barcelona, Madrid y Portugal.
La fabricación de lanchas para el narcotráfico no es nada nuevo en la comarca de O Salnés. Sin embargo, no siempre se aventuran a construirlas ellos mismos. En ocasiones encargan el casco a astilleros de otros emplazamientos para, posteriormente, acabar de rematarlas ellos mismos en naves o galpones clandestinos de las Rías Baixas. Esto sucede cuando buscan planeadoras para su propio uso, con la intención de montarles cinco, seis o siete motores para salir al Atlántico en busca de cocaína. Los riesgos del océano y el valor de la carga (que multiplica por diez el del hachís) hacen que se necesiten lanchas mucho más sofisticadas, valoradas en hasta medio millón de euros. Sito Miñanco poseía embarcaciones de estas características cuando fue detenido en 2018. Portugal e Italia han sido referentes para estos trabajos en el pasado.
Con el paso del tiempo, los gallegos se han percatado del gran beneficio económico que se obtiene mediante la construcción de lanchas de alta velocidad para cruzar el Estrecho con cargamentos de hachís. No es precisa una gran infraestructura. Moldes de doce metros son suficientes para ensamblar cascos que ya construyen en serie. Contactos para adquirir motores al por mayor. Y clientes. De esto último les sobra. Los clanes del Campo de Gibraltar, las redes marroquíes y otros grupos gallegos afincados entre Andalucía y el Norte de África requieren infraestructura de forma cotidiana. Para su transporte, pueden recibirla por mar (como pretendían hacer en el caso de la lancha incautada en el muelle de San Adrián de Cobres hace algunas semanas) o por tierra, en camiones que cruzan la Península de Norte a Sur con las lanchas en su interior.
En España, las narcolanchas están prohibidas desde 2018. Su mera tenencia es un delito de contrabando. Lo mismo ocurre en Gibraltar, área de soberanía británica donde las lanchas del hachís son ilícitas ya desde los años 90. Sin embargo, esto no sucede en Portugal. Allí su construcción es legal, lo que ha empujado a los gallegos a operar con gran frecuencia en el país vecino, como se ha visto en esta operación.
Para la jornada de este viernes se espera el paso a disposición judicial de 12 de los 21 detenidos (los restantes fueron puestos en libertad en sede policial) en presencia del fiscal Antidroga en Cambados.
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