La incautación de una narcolancha no es nada nuevo en las rías gallegas, cuyos vecinos están muy acostumbrados a presenciar en primera persona las fechorías que llevan a cabo las organizaciones criminales con bases en O Salnés, Pontevedra, España. El ejemplo de la semana pasada en el puerto de San Adrián de Cobres es una muestra más de ello, si bien se aprecian ciertas novedades en el escenario. Los grupos gallegos, plenamente activos en su especialidad (la recogida de grandes alijos de cocaína en medio del Atlántico) han diversificado su negocio y, en vista del caramelo que se les presenta en el Estrecho de Gibraltar, se han convertido en proveedores de embarcaciones con un único objetivo: obtener la financiación precisa para poder cerrar tratos con los colombianos para la introducción de cocaína en Europa.
Sin embargo, las organizaciones gallega no fabrican las mismas lanchas para los viajes del hachís, entre España y Marruecos a través del Estrecho de Gibraltar, que para afrontar las largas travesías transoceánicas que requiere su propio negocio. Así, las embarcaciones destinadas a recoger alijos en el Atlántico son de un mayor tamaño (como mínimo 15 metros, en ocasiones 20), disponen de casco que puede ser semirrígido o completamente rígido y de cabina, incluida una amplia bodega para que el combustible, la droga, los víveres y los propios tripulantes puedan navegar a salvo de las inclemencias meteorológicas. También cambia la motorización, que puede llegar a los seis o siete fueraborda o, en ocasiones, pueden impulsarse mediante motores intraborda. Son, en resumen, narcolanchas mucho más sofisticadas y costosas que las que se emplean para las narcotravesías en el Sur de la Península.
Un claro ejemplo de estas últimas, las del Estrecho, casi de manual, es la incautada la semana pasada en Vilaboa, Pontevedra: unos doce metros de eslora (quizás algo menos) y tres motores iguales de 300. Sin cabina y siempre semirrígidas, lo que les otorga agilidad y velocidad, pero menos fiabilidad que las que se montan para afrontar las entradas de polvo blanco procedente de Sudamérica. Menos costosas que las anteriores, son igualmente codiciadas por los narcos por un motivo: su fabricación y su mera tenencia están prohibidas en España y suponen un presunto delito de contrabando. Es por ello que, en los últimos meses, desde la entrada en vigor de la ley que ilegaliza estas embarcaciones en nuestro país, las organizaciones gallegas se han instalado en astilleros de Portugal, desde donde las trasladan bien a Galicia, bien directamente al Sur.
El Real Decreto Ley 16/2018, impulsado, entre otros, por Antonio Duarte, jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, señala que «tendrá la consideración de género prohibido cualquier embarcación cuando se acredita la existencia de elementos o indicios racionales que pongan de manifiesto la intención de utilizarla para cometer o facilitar un acto de contrabando». El mismo decreto especifica que las lanchas neumáticas y semirrígidas de más de ocho metros están prohibidas (todas superan con creces esas medidas), y añade que las de menor tamaño, si tienen más de 150 kilovatios de potencia, son igualmente ilegales.
En todos estos aspectos del marco legal vigente confluye lo que sucedió el fin de semana pasado en San Adrián de Cobres. La lancha semirrígida superaba con creces los ocho metros e iba a ser empleada para el narcotráfico, pues este tipo de embarcaciones no tiene otra utilidad. Ni siquiera las fuerzas de seguridad las quieren para su día a día, pues presentan un elevadísimo gasto a causa de su consumo. Las lanchas gallegas y las lanchas del Sur se han ilegalizado en España, pese a lo cual siguen siendo muy utilizadas para el narcotráfico.
