Agentes de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) de la región Metropolitana Sur de Barcelona, España, han detenido a once personas a las que se atribuyen los delitos contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas, no sólo en el interior de la cárcel de Brians 2, sino también en los municipios de Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Terrassa y Sabadell. Entre ellos hay cuatro funcionarios, trabajadores de la cárcel, que decidieron introducirse en el oscuro mundo del narcotráfico.
La investigación se inició en noviembre de 2020 gracias a la información recopilada por el equipo del Área de Información y Seguridad de la Dirección General de Asuntos Penitenciarios (DGAP) que apuntaba a que internos del centro traficaban con sustancias estupefacientes, introducidas desde el exterior. Los investigadores pudieron determinar que los internos contaban con la colaboración de familiares de internos, trabajadores del propio centro y de reclusos que salían de permiso y que introducían las drogas.
Una vez analizada la participación e implicación de algunas de estas personas, se ha podido acreditar que tres grupos de internos se dedicaban a esta actividad, cada uno con su red de colaboradores. Fruto de ello se interceptaron algunas sustancias estupefacientes tras los contactos íntimos entre familiares (vis a vis) y el retorno de internos provenientes de permisos penitenciarios.
El 22 de febrero de 2022 los investigadores llevaron a cabo siete registros domiciliarios, dos de trasteros y taquillas laborales y detuvieron a once personas, entre ellas tres funcionarios de prisiones y un profesional del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE). A estas personas se les pudo relacionar, bien con la presunta venta de sustancias estupefacientes en su vida particular, bien con el tráfico de sustancias en el interior de la prisión en el marco de la actividad que se desarrolla en los talleres del centro.
Entre los detenidos, además de los trabajadores del centro penitenciario, también se encuentran familiares de internos que participaban activamente en la introducción de drogas en el centro. Además, se investigan doce internos a los que se les atribuye la recepción y distribución de las drogas en el interior de la cárcel. La vertiente del dispositivo que afectaba al interior del centro penitenciario se llevó a cabo por parte de funcionarios públicos del mismo centro, en coordinación con la dirección del centro, el AIS y los Mossos d’Esquadra. Se cachearon varias celdas de los módulos donde habitaban los internos investigados. Muchos de los reclusos fueron trasladados a otros centros penitenciarios con el fin de erradicar esta actividad delictiva.
Uno de los grupos investigados contaba con la colaboración de sus familiares, asentados en el barrio de San Ildefonso de Cornellà de Llobregat que, paralelamente, había creado un entramado de venta de drogas “al detalle” en este barrio y que les reportaba cuantiosos beneficios. Con la información obtenida por el personal adscrito a la DGAP se detectó cómo algunos de los funcionarios contactaban con ex-internos penitenciarios o con sus familiares, con los que interactuaban o tenían tratos poco comunes, siendo una práctica poco habitual por parte de personal del centro penitenciario.
