Agentes de los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Martorell detuvieron a siete hombres y una mujer de nacionalidades española, húngara, italiana y uruguaya, de edades comprendidas entre los 36 y los 68 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y un delito contra los trabajadores.
La investigación se inició a principios de abril, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la constitución de una empresa que se dedicaría supuestamente al cultivo de plantas de cáñamo industrial, en unos campos agrarios, en Olesa de Montserrat (Barcelona, España). El cáñamo industrial es una subespecie de cannabis cultivada para obtener fibras, semillas o grano, que se caracteriza por la falta de principio estupefaciente (THC), tener una gran altura, muy pocas ramas y sin flor. Los responsables de la plantación alegaron en un primer momento que ésta estaba destinada a la industria farmacéutica y que disponían de todos los permisos pertinentes.
Los investigadores, en una primera inspección realizada al inicio de la investigación, comprobaron que en el interior de la plantación, delimitada con una valla metálica y medidas de seguridad, había una docena de personas trabajando en su cultivo, unas doce horas diarias a cambio de una pequeña retribución y todas ellas sin ningún tipo de contrato. Asimismo ninguna de las plantas observadas tenían el aspecto de las plantas destinadas al cáñamo industrial y se encontraban completamente cargadas de cogollos.
Los agentes, que consiguieron identificar a los responsables de la empresa, comprobaron que la plantación se encontraría fuera de la legalidad, no sólo en lo que respecta al ámbito administrativo, ya que no disponía de los pertinentes permisos del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, ni la autorización de la Agencia Española del Medicamento por el cultivo de cannabis y por el uso de los cogollos para fines farmacéuticos, sino que los hechos serían constitutivos de infracción penal, concretamente de un delito contra la salud pública.
Por último, el 25 de octubre se realizó una entrada y registro de la plantación, donde se comisaron unas 14.000 plantas de marihuana, muchas de ellas en proceso de secado, y más de 100 kilogramos de cogollos empaquetados en cajas. Los agentes detuvieron a los responsables de la empresa ya las personas que estarían cuidando de la plantación. Los investigadores llegaron a la conclusión de que aparte del delito contra la salud pública, se estaría cometiendo un delito contra los derechos de los trabajadores por parte de los responsables de la plantación.
Siete de los ocho arrestados pasaron a disposición judicial y el juez instructor decretó su libertad con cargos con retirada del pasaporte, prohibición de salida de territorio nacional y con la obligación de presentarse todos los días 1 y 15 en el juzgado que lleva la causa penal.